Dos hechos cargados de impunidad en el pasado reciente convergieron el 26 y 27 de septiembre de 2014 en Iguala: el 12 de diciembre de 2011 los normalistas Gabriel Echeverría de Jesús y Jorge Alexis Herrera Pino, asesinados por policías a pleno mediodía en la autopista del Sol; el 3 de junio de 2013, la Policía Federal encontró los cadáveres de Arturo Hernández Cardona, Félix Rafael Bandera Román y Ángel Román Ramírez, líderes de la Unidad Popular (UP), desaparecidos cuatro días antes.
En ambos casos, había culpables señalados con claridad. Policías federales y ministeriales, estos últimos a cargo del entonces procurador estatal, Alberto López Rosas, llegaron a la carretera de cuota a desalojar a los normalistas de Ayotzinapa a disparos.
Desde el momento mismo en que los dirigentes de la UP desaparecieron, el resto de los miembros de la organización acusaron al entonces alcalde de Iguala, José Luis Abarca Velázquez, del crimen. Un día antes de que lo desaparecieran, Hernández Cardona denunció penalmente al alcalde, a la esposa de éste, María de los Ángeles Pineda Villa, y al secretario de Seguridad Pública de Iguala, Felipe Flores Velázquez, por el crimen del síndico, Justino Carvajal Salgado, ocurrido unos meses antes.
La impunidad en ambos casos, gestó el escenario para las horas más violentas de Iguala, ocurridas entre el 26 y 27 de septiembre: seis personas asesinadas –tres normalistas de Ayotzinapa, un futbolista del equipo Los Avispones, el chofer conducía el autobús del equipo y la pasajera de un taxi colectivo–, y 43 normalistas a quienes la PGR ha deparado un final en fosas clandestinas.
A más de 70 días, en este caso también reina la impunidad.
Caso Ayotzinapa
El 12 de diciembre de 2011, Ángel Aguirre Rivero llevaba ocho meses como gobernador de Guerrero, elegido en urnas por una coalición de izquierda, después del desprecio del PRI.
A las 12 horas de ese día, los policías, entre ministeriales y federales, asesinaron a balazos a los normalistas de Ayotzinapa Gabriel Echeverría de Jesús y Jorge Alexis Herrera Pino.
Los normalistas salieron de Ayotzinapa hacia el el Parador del Marqués, en la autopista del Sol, sur de Chilpancingo, para marchar y exigir a la Secretaría de Educación Guerrero (SEG) cumplimiento al pliego petitorio de ese año, que incluía respeto a los 140 espacios de matrícula, materiales didácticos, construcción de dormitorios, y se ciñera al procedimiento de selección del director, o sea elegir a un académico foráneo y no de la Normal, como se intentaba entonces.
Apenas los normalistas planeaban el bloqueo cuando policías federales armados montaron un cerco enfrente de ellos, en dirección norte de la autopista del Sol, para evitar que avanzaran. Minutos después, policías ministeriales, vestidos de civil, en todo momento preparados para disparar, crearon la barricada de lado izquierdo, donde está ubicado el puente Huacapa y Galerías Chilpancingo. Los normalistas prácticamente encerrados, vieron en el asfalto caer a sus compañeros y resistir hasta sobrevivir de bala en el pecho a Édgar David Espíritu Olmedo.
La justicia para el caso se cuenta en un debate público entre quien era entonces el procurador de Justicia, Alberto López Rosas, y la Federación, por cada quien defender a sus policías. También con el encierro en la cárcel de un año tres meses de los policías ministeriales Rey David Cortés Flores e Ismael Matadama Salinas.
La liberación se otorgó porque procedió el amparo dictado por el Segundo Tribunal Colegiado de Acapulco, en el que ordenó al juez primero penal de Chilpancingo, Leoncio Molina, emitir una nueva resolución sustentada en la legalidad y no en apreciaciones subjetivas. El resolutivo establece que, según el juez primero de Distrito de Chilpancingo, en los dictámenes periciales la prueba de rodizonato de sodio practicada a los dos ex agentes es negativa.
El caso Ayotiznapa simplemente no tuvo culpables.
El fin de dirigentes de la UP
El puente de Mezcala, comunidad del municipio de Eduardo Neri, de la zona Centro de Guerrero, tiene dos referencias geográficas: la frontera de las regiones Centro y Norte del estado, y los límites de influencia de los grupos criminales Los Rojos y Guerreros Unidos, según el mapa policial de la delincuencia.
Arturo Hernández Cardona, militaba en el PRD desde la corriente Izquierda Democrática Nacional (IDN) y dirigía la Unión Campesina Emiliano Zapata (UCEZ), una de las organizaciones sociales de Unidad Popular. Bandera Román era comerciante, se había sumando poco antes porque el alcalde les negó los permisos para instalarse en el centro los juegos infantiles que rentaban.
El miércoles 29 de mayo, un día antes de ser desaparecido con otros siete líderes, Hernández Cardona denunció penalmente en la Agencia de Ministerio Público al alcalde y su esposa y al secretario de Seguridad Pública, Felipe Flores Velázquez, por nepotismo y amenazas. “Estamos sufriendo hostigamientos que sabemos proceden de este gobierno municipal, poniendo incluso llegar a privarnos hasta de la vida, como sucedió en el caso más reciente del compañero primer síndico municipal, Justino Carbajal Salgado”, es un fragmento del texto de la denuncia penal.
El dirigente de campesinos que buscaban el subsidio de fertilizante, se dedicó los últimos meses a denunciar el cinismo administrativo del gobierno de Abarca Velázquez, y la alianza de éste con el narcotráfico.
El cinismo al que se refería Cardona tenía que ver con al menos 20 familiares directos del alcalde con cargos en el ayuntamiento. Por ejemplo, su hermano Javier, encargado de la compra de insumos; su medio hermano Rafael Salgado Velázquez, director de Reglamentos; su cuñada Lucero Muñoz, directora del DIF; su sobrino político, Ignacio Tolesa, director de Recursos Humanos; su pariente Miguel Ángel Garduño Velázquez, encargado del área de Reparación Vehicular.
A las 19:15 horas del 9 de marzo de 2013, asesinaron a la puerta de la casa de su madre, calle Zaragoza número 96, colonia Centro, al síndico administrativo de Iguala, Justino Carbajal Salgado.
El cadáver del sobrino del ex candidato a gobernador por el PRD, Félix Salgado Macedonio, quedó en las escaleras de la casa que antes fueron oficinas del periódico Acción, dirigido en su tiempo por el ex alcalde de Acapulco. Un periódico local de Iguala, en algunos párrafos de la nota informativa sobre el crimen, resalta: Minutos después del asesinato, el presidente municipal, José Luis Abarca Velázquez y su esposa Ángeles Pineda de Abarca, regidores de la comuna igualteca, así como familiares y amigos del occiso, entre ellos, sus hermanos Zulma y Saúl Carvajal Salgado, presenciaron el levantamiento del cadáver...Por su parte, el alcalde José Luis Abarca Velázquez, dio la orden de que no se vertiera información alguna. Acto seguido, entró la camioneta del SEMEFO, ya que los peritos en la materia habían recopilado los 6 casquillos en el lugar.
El jueves 30 de mayo, los miembros de la UP tomaron desde la mañana la caseta de peaje de la carreta de cuota Iguala-Cuernavaca, para exigir obra pública, fertilizante, y la expulsión de la nómina del gobierno municipal a los familiares del alcalde.
De regreso a Iguala, 4:30 de la tarde, a la camioneta de Hernández Cardona, una marca Honda tipo Pilot, la interceptan personas armadas. Se lo llevaron junto a cinco líderes sociales, dos comerciantes y su chofer.
El cadáver de Hernández Cardona, a diferencia de los otros tirados en la colonia Valerio Trujano, de Tepecacuilco, municipio de zona Norte, cerca al puente Mezcala, le dejaron una cartulina anaranjada fluorescente encima, con un mensaje escrito: “Basura Atte. La Garra de Gro. Leonor Nava Los Rojos”.
Los dirigentes
Héctor Arroyo Delgado, Efraín Amates Luna, Gregorio Dante Cervantes Maldonado, Ángel Román Ramírez, Félix Rafael Bandera Román, Jimmy Castrejón, y Nicolás Mendoza Villa, son los que viajaban con Hernández Cardona en su camioneta después de la protesta en la autopista. El vehículo lo conducía Mendoza Villa, chofer de confianza del dirigente social.
Arroyo Delgado, dirigente de la organización Lucio Cabañas Barrientos, es uno de los que escapó la mañana que a sus tres compañeros encontraron muertos. Minutos después de escapar, llamó al teléfono a Bertoldo Martínez Cruz, miembro de IDN, corriente perredista de Hernández Cardona, mientras protestaban en Acapulco pidiendo su liberación y presentación con vida.
“Al ingeniero (como se referían a Hernández Cardona) lo chingaron el día viernes; luego el sábado mataron a golpes a (Félix Rafael) Banderas, y hoy en la mañana que nos escapamos perdió la vida Ángel Román Ramírez. Nosotros de milagro estamos vivos y me voy de Iguala porque me van a matar”, alcanzó a decir al teléfono.
En noviembre de 2013, la Red Solidaria Década Contra la Impunidad hizo público el documento de una declaración notarial de un sobreviviente de los ocho dirigentes de la UP levantados el 30 de mayo de ese mismo año.
Nicolás Mendoza Villa asentó ante el notario público número 47 del Distrito Federal, Alfredo Miguel Morán Moguel, que el ex alcalde de Iguala mató a Hernández Cardona.
La narración la inicia en el crucero de Tuxpan, a las 4:30 de la tarde: dos camionetas, una Cherokee gris y una Explorer roja en la que viajaban hombres y una mujer armados –ella y otros dos hombres no se bajaron–, los obligaron ir hacia el campo.
“…cuatro hombres armados con cuernos de chivos nos estuvieron cuidando esa noche, uno de ellos nos golpeaba con un machete largo, un látigo de alambre y una tabla en forma de una paleta… Al otro día (31 de mayo), ya muy noche llegaron tres personas, de los cuales conozco y conocí a dos y si me las ponen enfrente las puedo señalar y son: el presidente municipal de nombre José Luis Abarca Velázquez, al secretario de Seguridad Pública y otra persona que no conozco todas ellas con una cerveza barrilito en la mano”.
“El presidente José Luis Abarca Velázquez, ordena a las personas que nos cuidaban que nos torturen y luego el presidente municipal se dirigió al ingeniero Arturo Hernández Cardona, diciéndole ‘¡Que tanto estás chingando con el abono, me voy a dar el gusto de matarte!’… se lo llevaron a la fosa que estaba más o menos a 10 metros de donde nos tenían y el presidente municipal Abarca Velázquez le da un escopetazo en la cara y otro en el pecho y lo dejaron tirado en la fosa…”. Desde la 6 de la tarde, algunos de los 10 hombres que los cuidaban, cavaron la fosas.
“El compañero Félix Rafael Bandera Román, al tratar de escapar fue ejecutado, lo sé y me consta porque tres de las personas que nos vigilaban trajeron de regreso el cuerpo…”.
“... Desde ese momento se dedicaron a amenazarnos, sólo decían entre ellos que tenían que esperar para ejecutarnos. Se dedicaron a excavar fosas, alrededor de las 10 de la noche (se entiende que del tercer día de cautiverio), reciben una llamada, y se escucha la orden: “debían de destapar los depósitos y sacar los cuerpos, porque ya se puso cabrón”. (Al día siguiente, cuarto día de cautiverio) Desenterraron al ingeniero Arturo Hernández Cardona y a Félix Rafael Bandera Román, metieron los cuerpos en una camioneta Cherokee. Nos trasladaron a la camioneta donde estaban los cuerpos y nos metieron encima e ellos. Nos llevaron cerca de Mezcala y nos tiraron a todos. Allí matan a Ángel Román Ramírez, disparándonos dos personas con armas largas. Todos corrimos al monte”.
Abarca Velázquez, actualmente está preso, y su esposa arraigada. Para eso tuvo que ocurrir la noche de los diablos sueltos en Iguala. Es capturado por el gobierno federal después de más de un mes de prófugo por el caso Iguala, pero hasta hoy sólo es juzgado por el crimen de los tres dirigentes de la UP, no por los hechos que tienen a todo el país en una crisis inédita. 