Los municipios de Eduardo Neri, Cocula y Arcelia tienen más coincidencias que la inseguridad: sus ejidos son úteros fértiles de minerales que atrajeron a poderosos corporativos mineros, donde ahora sus habitantes son testigos y víctimas de violencia.
Carrizalillo, municipio de Eduardo Neri, es un pueblo de lomas tasajeadas que se asoma desde Mezcala. Se localiza a unos 70 kilómetros de la capital del estado sobre la carretera México-Acapulco, después de cruzar Mezcala.
Los ejidatarios le rentan las tierras al corporativo canadiense Goldcorp: mil 150 hectáreas de uso común y 150 hectáreas de parcelas individuales que alojan el yacimiento de oro, plata, cobre y zinc Los Filos-El Bermejal.
Los 176 ejidatarios del padrón de Carrizalillo reciben, de acuerdo a la extensión de tierra que acreditan, 2.6 onzas de oro por cada una. El precio por hectárea alcanza hasta 60 mil pesos.
En Cocula, los ejidos Real de Limón –integrado por El Limón, La Fundición, Campo Arroz, Balsas-Puente Sur y Atzcala– y Nuevo Balsas, son explotados por la minera Media Luna, filial a la empresa canadiense Torex Gold, desde 2008. Por un conflicto con ejidatarios, en ese mismo año, cuando la mina formaba parte de grupo Teck Cominco, paró actividades, pero las retomó a discreción poco después.
Son mil 330 hectáreas de los cerros El Limón y La Joya, de donde la minera canadiense extrae principalmente oro.
Cocula, desde el 26 de septiembre de 2014, cuando asesinaron a tres normalistas de Ayotzinapa y otras tres personas, y desaparecieron a 43 estudiantes en Iguala, quedó evidenciado como uno de los municipios más tocado por la delincuencia.
La empresa Farallón Minería Mexicana, adquirida por la empresa belga Nyrstar NV, extrae oro, plata, cobre y zinc de la mina de Campo Morado, en Arcelia. El municipio es uno de los nueve de Tierra Caliente, zona de las más inseguras del estado.
Nyrstar adquirió la mina de Arcelia en 2011, y en 2014 amplió su capacidad de extracción de zinc y cobre. De acuerdo a la explicación de Nyrstar en su página de Internet, Campo Morado es un yacimiento de oro y plata, principalmente. En 2013, produjeron 25 mil toneladas de concentrados de zinc y cuatro mil 800 toneladas de cobre.
unido por la violencia
A los ejidos de los tres municipios en los que se asentaron mineras, los hermana el río Balsas y el denominado Cinturón de oro, localizado a su ribera; también los índices de violencia.
Guerrero es uno de los estados más violento del país. El Índice de Paz México 2015, elaborado por expertos de Institute of Economics and Peace, arrojó que es la entidad más insegura. Tiene una tasa de homicidios de 44 por cien mil habitantes y una tasa de delitos violentos y de delincuencia organizada por encima de la media nacional.
De acuerdo con la Procuraduría General de la República (PGR), en México operan 43 células delictivas vinculadas a nueve grandes cárteles de la droga. De ese cuadro organizacional de la delincuencia, la dependencia asigna en Guerrero la presencia de La Familia Michoacana, el Cártel de Jalisco Nueva Generación, los Caballeros Templarios, el Cártel del Pacífico y los Beltrán Leyva, con sus escisiones.
En la carretera federal México-Acapulco, se encuentra el puente Mezcala, que resulta emblemático por dos cosas: divide los municipios de Eduardo Neri (zona Centro) y Tepecoacuilco (zona Norte), y también la influencia de dos grupos de narcotráfico, según el mapeo de la PGR: Los Rojos (Beltrán Leyva) y Guerreros Unidos (La Familia Michoacana).
En Tierra Caliente, la PGR sitúa una influencia de La Familia Michoacana y los Caballeros Templarios.
Por el arrendamiento de sus tierras, los ejidatarios de Carrizalillo también tienen la opción de trabajar en las minas que explota Goldcorp. El 5 de marzo pasado, a Juan Carlos Peña Celso (21 años), Mauro Galicia Peña (23 años) y José Elí Merino González (28 años), empleados de la minera canadiense, los secuestraron con otro de sus compañeros que liberaron dos días después, al regresar de la mina, después de trabajar.
El 14 de ese mismo mes, los cadáveres de los tres mineros aparecieron en la barraca de Mazapa, en los límites de Carrizalillo.
Es público en Carrizalillo que miembros del narcotráfico extorsionan a los ejidatarios que rentan sus tierras a la minera. Los familiares de los tres muchachos que recién se mudaron a Iguala por las extorsiones que les hacían en Carrizalillo, denunciaron que Los Rojos eran los responsables.
Los Rojos impusieron una tarifa anual de cobro de piso, ya conocida entre los habitantes de Carrizalillo: 100 mil pesos a cada uno de los ejidatarios y de 40 mil pesos por cada uno de los 800 trabajadores de la mina. En el caso de los ejidatarios, cada año reciben el arrendamiento de sus tierras, y los trabajadores, el pago de utilidades.
Los familiares de los trabajadores asesinados conocen quienes son los miembros de ese grupo en Carrizalillo: Silvestre López Carrera, Nelson López, Armando Peña, Bulmaro Vargas y Margarito Bahena Álvarez, El Márgaro, quien es jefe de plaza de Los Rojos. Y como aliados, a los Villalba y Camilo de comunidades de Tlacotepec, Matitlán y Tenantla.
En Cocula, las cosas son parecidas. Uriel Vences Delgado, La Burra, ligado a La Familia Michoacana, secuestró a unas 14 personas en la carretera Cocula-Balsas, de las que 12 fueron liberadas por la Policía Comunitaria, y las otras dos, 17 días después, pero porque pagaron rescates de 500 y 700 mil pesos.
Los grupos criminales mantienen involuntariamente dividida esa zona del estado, territorialmente creada por las zonas Centro y Norte, pero en la pugna de territorio se infiltraron grupos antagónicos. Los Peques, un grupo afín a Guerreros Unidos, se coló al perímetro de Carrizalillo.
Enseguida de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, caso con el que quedó al descubierto la colusión entre autoridades de Iguala con el grupo narcotraficante Guerreros Unidos, fuentes ocultas denunciaron a través de varios medios de comunicación que a los estudiantes pudieron ocultarlos en la comunidad.
“Nos han dicho que unas dos horas después de que sucedió el secuestro, en esa zona hubo un movimiento inusual, que de pronto llegaron muchas camionetas sospechosas, muchas negras y típicas de las que usa el crimen organizado…”, es parte de uno de los testimonios.
En el contexto del caso de los normalistas, la Policía Federal realizó en octubre un operativo en Carrizalillo y detuvo a ocho personas por supuestos vínculos con la delincuencia, después de catear decenas de casas del pueblo.