La Fiscalía General del Estado (FGE) dejó de buscar a los dos médicos, el promotor de salud y el abogado desaparecidos el 19 de junio cerca de la comunidad de Xolapa, zona rural de Acapulco, amparada en pruebas científicas que identifican a éstos con los cadáveres hallados en Santa Bárbara, municipio de Chilpancingo.
El anuncio lo hizo el fiscal Miguel Ángel Godínez Muñoz en declaración a reporteros en Acapulco el sábado 11, en medio de la confusión propiciada por la propia dependencia. Otro elemento, es el descrédito de la FGE. Al menos los familiares de los desaparecidos nunca le creyeron que se trataba de sus familiares, aun con las pruebas científicas que les mostró el fiscal el 27 de junio en sus oficinas.
Raymundo Tepeque Cuevas, Marvin Hernández Ortega, José Osvaldo Ortega Saucedo y Julio Cesar Mejía Salgado, desaparecieron el 19 de junio, cerca de la comunidad de Xolapa, zona rural de Acapulco.
Once días después, en la sesión del 30 de junio, el pleno del Congreso local recomendó al fiscal Miguel Ángel Godínez Muñoz buscar con vida al promotor, los médicos y el abogado. Es decir, el Congreso del estado no tomó en cuenta las pruebas de la FGE.
A través de un comunicado, el 27 de junio la FGE reportó de la identidad de los cuatro desaparecidos: “dentro de la averiguación previa BRA/SC/04/1769/2015, relacionada con el hallazgo de cuatro cuerpos del sexo masculino cerca del poblado de Santa Barbará, municipio de Chilpancingo, se les tomó muestras biológicas para establecer su perfil genético al igual que a familiares directos de los tres médicos desaparecidos y el abogado”.
“De acuerdo al dictamen de genética forense emitido por la Dirección de Servicios Periciales, se les informó que dieron correspondencia con el perfil genético obtenido de las muestras tomadas a los familiares, por lo que se establece pericialmente que los cuatro cuerpos encontrados corresponden a las personas desaparecidas, que respondían a los nombres de Raymundo Tepeque Cuevas, Marvin Hernández Ortega, José Osvaldo Ortega Saucedo y Julio Cesar Mejía Salgado”.
Desde el 24 de junio que los familiares se reunieron con el fiscal, les informó, sin pruebas de por medio, que los cadáveres hallados un día antes en Santa Bárbara correspondían a los cuatro desaparecidos. Ese día, los familiares salieron del Servicio Médico Forense (Semefo) de Chilpancingo molestos, al menos es lo que se percibió por sus contestaciones con frases cortas acerca de la reunión, sin dar detalles.
No aceptaron desde entonces la versión de la FGE, ni siquiera cuando sustentaron las pruebas.
El 1 de julio, Comunicación Social, a nombre del gobierno estatal y la FGE, respondió a la demanda de familiares y del Congreso local, que en otra palabras, se trata de otro poder del Estado que dudaba de la versión de otro poder: “manifestamos la disposición a coadyuvar, como se ha venido haciendo, con las labores que permitan su localización a través de las instancias de las que dispone el Poder Ejecutivo, sin violentar las facultades y labores de investigación que lleva a cabo la Fiscalía General del Estado”.
“Para cualquier comunicación por parte de quien mantenga retenidos a los profesionistas ponemos a su disposición el correo electrónico”.
Al día siguiente, 2 de julio, reiteró el llamado “a quienes tengan retenidos” al promotor, los médicos y al abogado “establecer las negociaciones” para lograr “la liberación con vida de las personas presumiblemente retenidas”.
El gobierno del estado establece la disposición a coadyuvar con las labores de su localización. Puso a disposición el correo [email protected] para que se comuniquen.
Ese mismo día, trabajadores del sector central de Salud marcharon por la ciudad capital hasta el Congreso del estado, en reclamo de la aparición con vida de los desparecidos. Pero la demanda principal la encauzaron a un reclamo al gobierno estatal de seguridad para el gremio, que ahora parecen figurar en la nueva lista de la delincuencia.
El fiscal, en tanto, se enfrascó en la declaración mediática de que los cadáveres de Santa Bárbara corresponden a los trabajadores de Salud y el abogado, en un aparente intento de recuperar la credibilidad que el propio gobierno del estado y el poder legislativo pusieron en duda. 