Las mamás de Gabriel y Jorge Alexis caminan bajo la sombra de la nube que se impone al sol; ambas sostienen la lona que lleva el rostro de sus hijos y la leyenda: “Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa / Alexis y Gabriel / asesinados / el 12 de diciembre de 2011”.
Elizabeth Pino y María Amadea de Jesús cada año se reúnen en la Normal de Ayotzinapa para montar guardia ante el altar de los caídos. De allí se trasladan a Chilpancingo para encabezar la marcha de aniversario, acompañadas de estudiantes y organizaciones sociales que vienen de distinta parte del país.
Después de que descienden de la camioneta blanca que las trajo de Ayotzinapa a Chilpancingo, frente a la estatua de Nicolás Bravo, las madres platican entre ellas, todo el tiempo con esa mirada penetrante ansiosa de justicia y castigo a los autores intelectuales y materiales de ese crimen de Estado.
A Elizabeth se le quiera la voz y se convierte en llanto; sus ojos cambian de color. “No puedo olvidar a mi hijo”, dice. María Amadea se acerca a ella y la abraza.
Dos horas de espera bastaron para hablar de las familias de la Y griega, municipio de Atoyac, y de Tixtla. Junto a ellas están Francisco y Martha, hermanos de Gabriel; atrás de Elizabeth observa su cuñada.
Después de que todos llegaron a El caballito, se organizó la marcha. Las mamás de Jorge Alexis y Gabriel la encabezan. Les siguen, los padres de los 43 normalistas detenidos y desaparecidos por la policía municipal de Iguala el 26 de septiembre de 2014; normalistas de Ayotzinapa, la Federación de Estudiantes Campesinos y Socialistas de México (FECSM), Frente Único de Normales Públicas del Estado de Guerrero (FUMPEG), la Asamblea del Instituto Politécnico Nacional (IPN), campesinos damnificados de la Montaña y un grupo de maestros de la Coordinadora Estatal de los Trabajadores de la Educación Guerrero (CETEG).
Entre la muchedumbre caminan también campesinos del Concejo de Ejidos y Comunidades Opositores a la Presa La Parota (CECOP), acompañados de Marco Antonio Suástegui, liberado de hace unos meses, luego de quince meses en prisión.
Caminaron de El caballito al Parador del Marqués, sobre la Autopista del Sol hasta llegar al lugar donde fueron asesinados los normalistas hace cuatro años, para celebrar una misa y después un mitin político.
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Allí va caminando Edgar, con uno de sus pulmones reducido a menos de la mitad por un balazo que recibió hace cuatro años, pero que no le impide sumarse a las consignas que sus compañeros repiten una y otra vez: “Porque el color de la sangre jamás se olvidan / los masacrados serán vengados / ¿y quién los vengará? / el pueblo unido y organizado / ¿Cómo?/ luchando / entonces / lucha lucha lucha / no dejes de luchar / por una educación científica y popular”.
Edgar David Espíritu Olmedo y sus colegas llevan una manta que consigna: “generación 2009-2013 / Jorge Alexis Herrera Pino / 4 años de impunidad, no olvidamos / no perdonamos”.
Edgar camina y platica con el reportero. Dice que sigue con el tratamiento, pero en un hospital distinto. “Iba al Instituto Nacional de Enfermedades Respiratoria (INER), pero me cambiaron al hospital Fray Bernardino, porque aún no me recupero de todo bien”.
Unos lentes oscuros le cubren del sol cuando la nube se aleja, los cohetes decembrinos lo alertas antes de llegar al cuartel de la 35 zona, 50 Batallón de Infantería y 6° Batallón de Ingenieros militares. Edgar se limpia el sudor con un pañuelo antes de reanudar la plática.
“Estamos en negociación con las autoridades para ver lo de indemnización, la recomendación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) dice que va ser de acuerdo a los tratados internacionales, aunque hasta ahora gran parte de la atención médica corrió a cargo del comité estudiantil”, explica.
–¿Tu plaza es parte de la indemnización? –le pregunto.
–No, hasta ahora nadie me ha regalado nada. Yo hice mi examen de oposición. Quedé en el lugar 50 de todos mis compañeros de las normales.
Edgar camina, y sigue con las consignas: “Ayotzi vive, la lucha sigue / Ayotzi vive vive, la lucha sigue sigue / Ayotzi vive, vive, vive, la lucha sigue, sigue, sigue”.
–¿Ha cambiado la demanda de hace tres años? –lanzo otra pregunta.
–No. La demanda de hace tres años sigue siendo la misma: respeto a la matrícula de nuevo ingreso, incremento a la ración. Eso es en cuanto a la escuela. Sin embargo ahora demandamos justicia para los compañeros caídos hace cuatro años y castigo a los autores intelectuales de 12 de diciembre y 26 de septiembre. Porque vivos se los llevaron vivos los queremos.
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Con una gorra de estrella roja de El Che y una playera roja con el rostro del revolucionario cubano-argentino, Vidulfo Rosales Sierra es uno más de los que caminan con los padres de Jorge Alexis y Gabriel. No es la primera vez. Desde hace cuatro años acompaña a los familiares de los caídos y desde hace catorce meses los 43 estudiantes desaparecidos.
Mientras avanza la marcha, Vidulfo platica con Trinchera, el ombudsman centra su charla sobre la impunidad en el caso de 12 de diciembre de 2011.
Cuenta que la investigación no ha avanzado y que los dos únicos procesados que había por el asesinato de Jorge Alexis y Gabriel, están libres. “Lo dos policías ministeriales estatales, fueron liberados porque no hubo elementos suficientes en contra de ellos. Un juez federal consideró que no había pruebas científicas para demostrar que ellos dispararon sus armas”.
Agrega: “La Procuraduría del estado incurrió en irregularidades, al no hacer un estudio de fondo para consignar a los policías; esto conllevó a que los policías fueran liberados; sin embargo, lo que técnicamente procede ahora es que la Procuraduría tendría que retomar el caso, reabrir el expediente y hacerse de más pruebas para volver a replantear la investigación para poder reecursarla y encontrar elementos técnicos, científicos probatorios que acrediten la responsabilidad no sólo de estos dos policías, sino de más policías”.
Vidulfo dice que está acreditado que por lo menos 22 policías federales dispararon sus armas y contra esos policías federales no hay acción penal. “Nunca hubo una investigación, no hay un proceso judicial en contra de ellos. Nosotros nos pronunciamos por la apertura de nueva línea de investigación, que la Procuraduría de Justicia del Estado lo retome”.
Mientras caminamos, Vidulfo acompaña a familiares con las consignas que repite cada vez que esto se oye; en tanto, explica que reabrir la investigación para que se dote de mayor elementos que permitan ejercer acción penal en contra de los policías responsables en cuanto al asesinato de los dos estudiantes y las lesiones que sufrieron varios de ellos.
En la conversación se habla de los tres lesionados, así como de la detención arbitraria y tratos crueles, inhumanos y degradantes; la tortura que sufrieron los normalistas detenidos el día que la policía llegó disparando en contra de los estudiantes que bloqueaban la Autopista del Sol, el 12 de diciembre de 2011.
El director jurídico del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan sostiene que la Procuraduría hizo todo tipo de diligencia para demostrar que no hubo víctimas, hipótesis que busca acreditar que los policías no son responsables por el caso de tortura. Aunque citó el caso del estudiante Gerardo Torres Pérez, torturado ese día y que la prueba el protocolo de Estambul acredita que fue torturado. El estudio lo realizó la CNDH.
“En suma, estamos atrasados en la investigación” –condena Vidulfo–. “No sólo en eso, sino en todo. Estamos en cero, estamos ante un caso que va quedando en la impunidad cada que va pasando, pero también estamos ante una indolencia de la Fiscalía de la que no muestra ni el más mínimo interés por esclarecer el caso de Ayotzinapa de 2011. Ante esta circunstancia Tlachinollan y los familiares valoran acudir a otras instancias, porque el proceso se ha atrasado mucho por el tema del 26 de septiembre, toda la crisis que ello conllevó Ayotzinapa, toda la carga de trabajo que implicó o está implicando el caso del 26 de septiembre ha atrasado llevar a instancia internacionales el caso. Estamos trabajando en ello, y esperamos que en los próximos días tengamos noticias”.
El abogado de los familiares de Jorge Alexis, Gabriel Echeverría y de los 43 normalistas desaparecidos por el Estado, aborda también el cumplimiento de la recomendación de CNDH. “Hay un cumplimiento parcial; sólo se avanzó en la indemnización a las víctimas. En cuanto a la dotación de materiales a la escuela no concluyó en su totalidad. De las sanciones penales a los responsables, no se avanzó absolutamente nada; el juicio político está parado. Alberto López Rosas fue candidato a gobernador; no hubo una sanción a esa persona. Ramón Almonte Borja fue exonerado del juicio político que aún no concluye”.
–¿Qué pasó con las acciones penales en contra de López Rosas? –quiero saber.
–López Rosas ni siquiera enfrentó un proceso por los hechos del 12 de diciembre. Más bien, él enfrentó un proceso por evasión de presos, es decir, por haber puesto en libertad a los estudiantes que fueron detenidos ese día. Por eso se les instruyó, no así, por el caso Ayotzinapa. Ni Humberto Salgado Gómez, López Rosas, Ramón Almonte Borja ni Ramón Arriola.
Agrega: “Nadie de ellos ha merecido el más mínimo proceso. No han sido procesados. No han sido investigado. Es decir, estamos en la impunidad. Los autores intelectuales ni los materiales han sido llevado a la justicia”.
El defensor de los derechos humanos cuestiona que el aparato del Estado no aporte pruebas contundentes para que los responsables del ataque en contra de los estudiantes y luchadores sociales sean llevados a la justicia. “Es preocupante porque vemos un Estado criminal, un Estado cómplice de la acción criminal que realizan policías que matan a los que protestan por mejores condiciones de vida”.
Sostiene que la inacción de justicia contrasta con la eficacia que muestra grupos o el aparato de justicia, cuando se trata de procesar a luchadores sociales, como el caso de la policía comunitaria, los profesores y los propios estudiantes. “Para ellos sí hay un estado eficaz del aparato de justicia, se moviliza con rapidez y todo el aparato se pone en movimiento para castigar a aquellos que protestan. Las acciones son rápidas. Tres o cuatro días tardan en aprehenderlos y llevarlos a la cárcel por protestar”.
Cuestiona: “Pero esta eficacia no se ve cuando se mata a Claudio Castillo Peña, a Antonio Vivar o estudiantes como Jorge Alexis y Gabriel Echeverría. Están parados los expedientes. Están tirados. Ese Estado eficaz en contra del pueblo para implementar acción contra el pueblo, allá es eficiente, acá es deficiente. Esa deficiencia no es estructural, sino una deficiencia intencionada y a propósito, porque no hay la voluntad política ni la intención del Estado de castigar a sus miembros”.
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El contingente sigue su paso. Unos corean consignas; otros garabatean el muro de contención de la Autopista. “12 de diciembre no se olvida” o “Ni perdón ni olvido, castigo a los culpables”.
La vanguardia grita a todo pulmón: “Cuando el pueblo se levante por pan libertad y tierra, temblarán los poderosos de la costa hasta la sierra”. La FECSM repite: “Porque vivos se los llevaron vivos los queremos”.
Al pasar frente a los cuarteles militares, las consignas retumban en los muros que resguardan a los soldados: “Vestido de verde olivo / políticamente vivo / no has muerto, no has muerto camarada…”.
A la altura de la plaza comercial frente a la colonia del PRI, se oyen las sirenas de la ambulancia que sin más va abriendo los contingentes que caminan sobre la vía rápida del bulevar Vicente Guerrero. El vehículo obliga a los protestantes a arrojar sus mantas para que pueda pasar a pesar que las laterales están semivacía.
Después de tres horas de caminata, la marcha llegó a lugar donde hace cuatro años quedaron los cuerpos de Alexis Herrera y Gabriel Echeverría inertes.
Después de que las madres de los normalistas caídos depositaron las ofrendas florales a un costado de la lateral sur-norte, inició la misa a cargo de un sacerdote ofició que pidió justicia para todas las víctimas del Estado.
Al concluir la homilía vino el mitin, antes de las 4 de la tarde. Hablaron los hermanos de Gabriel, mientras que la mamá de Alexis observaba atónita.
El vocero del Cecop, Marco Antonio Suástegui, y los dirigentes estudiantiles de la Normal Rural de Ayotzinapa, dijeron que seguirán de lado de las familias de Alexis Herrera y Gabriel Echeverría y con los padres de los 43 normalistas desaparecidos hasta que haya justicia.
Por los padres de los 43 normalistas desaparecidos por el Estado, habló don Margarito Guerrero, padre de Jhosivani Guerrero de la Cruz. Dijo: “Por lo menos” los familiares de Alexis Herrera y Gabriel Echeverría saben qué pasó con sus hijos y pudieron enterrarlos, mientras que “nosotros no sabemos dónde están nuestros hijos, qué les hicieron, si van a regresar”.
Marco Antonio Suástegui aseguró que el Cecop está en pie de lucha, y que él vivió la injusticia como la represión del Estado, cuando fue encarcelado injustificadamente. “Los machetes del Cecop estarán a sus órdenes (de los padres de los normalistas de Ayotzinapa asesinados y desaparecidos). Vamos a seguir exigiendo justicia y continuaremos con nuestra lucha”.
Antes que la nube volviera a opacar el día todos abordaron los camiones para regresar a la Normal de Ayotzinapa.
A cuatro años, la justicia no llega. Conforme pasan los días, el manto de la impunidad va cubriendo a los autores intelectuales y materiales del crimen de 12 de diciembre. 