Era el mediodía del 12 de diciembre de 2011. Todavía algunos fervientes guadalupanos no despertaban después de “velar” a “La Virgen Morena”, cuando en la Autopista del Sol, frente al hotel Parador del Marqués, estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa y campesinos de organizaciones solidarias con éstos, bloqueaban la vía.

Al lugar arribaron policías estatales, federales y ministeriales a desalojarlos. El saldo fue trágico: dos estudiantes (Jorge Alexis Herrera y Gabriel Echeverría de Jesús) fueron asesinados, al menos cuatro estudiantes heridos por los disparos policiacos y una veintena de detenidos que fueron liberados posteriormente, previa tortura.

Las manifestaciones no se hicieron esperar. Comunicados de organizaciones sociales, sindicatos y grupos defensores de derechos humanos exigieron juicio político contra el entonces gobernador Ángel Aguirre Rivero, que no dejaría la gubernatura sino hasta la desaparición de otros 43 estudiantes, también de Ayotzinapa, el 26 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero.

Las marchas en Chilpancingo aglutinaron a miles en demanda de justicia para los estudiantes. Sin embargo, lo irrisorio fue que los adeptos del cacique de Ometepec, empresarios, burócratas y transportistas, salieron a las calles el 5 de enero de 2012, vestidos de blanco, para marchar por “la legalidad, paz y el estado de derecho.” En una demostración de apoyo al gobernador.

El 12 de diciembre por la noche, en Ayotzinapa, el secretario general de la Normal Rural exponía por qué habían decidido bloquear la Autopista del Sol esa mañana. El día 9 de septiembre los estudiantes habían entregado un pliego petitorio al gobernador, con copia para la Secretaría de Educación Guerrero (SEG).

El pliego petitorio demandaba incremento de la matrícula de nuevo ingreso de 140 a 170, plazas automáticas a todos los egresados e incrementar de 35 a 50 pesos diarios el gasto de alimentación por estudiante. Otro de los problemas que planteaba el pliego era la resolución de un paro de profesores de la Normal, que mantenían desde hacía un mes y medio y que no levantarían hasta que Eugenio Hernández García, fuera reconocido por los estudiantes como director. Éste no era aceptado por los estudiantes por sus actitudes autoritarias.

Para solucionar estos problemas los estudiantes solicitaron audiencia con el gobernador, que fue programada inicialmente para el 4 de octubre. Fue pospuesta por el mandatario y reagendada para el día 9 de noviembre. Esta última se llevó acabo sin una respuesta favorable para los estudiantes, y el gobernador les pidió que  dieran evidencias de que otras Normales Rurales en el país, contaban con plazas automáticas al egreso. Los estudiantes las dieron y señalaron que tanto la Normal Rural Tamazulapan, en Oaxaca, y Tiripetío, en Michoacán, tenían plazas automáticas.

El diálogo se reanudaría el día 29 de noviembre; sin embargo, de nueva cuenta la audiencia fue cancelada por el gobernador y reagendada para el 6 de diciembre. Esta última también fue cancelada, pero ya no se fijó una fecha para reiniciar el diálogo. Así, el 7 de diciembre, los estudiantes iniciaron con otro tipo de actividades, como la “toma” de cinco radiodifusoras de Chilpancingo, para dar a conocer a la población el conflicto y la falta de sensibilidad del gobierno para atender a sus demandas.

El 8 de diciembre, los estudiantes tomaron la caseta de cobro Palo Blanco, en la Autopista del Sol. A ésta llegaron las policías ministeriales y federales, pero tampoco hubo una respuesta favorable para los estudiantes. El viernes 9, realizaron un “volanteo” en Chilpancingo para informar a la población del desarrollo de las negociaciones y de las actividades que realizarían. De esta forma, después de que el gobierno estatal cerró los canales para la solución del conflicto por la vía del diálogo, los estudiantes se vieron forzados a realizar un bloqueo a la altura del hotel Parador del Marqués el día 12 de diciembre.

Como se puede observar, todas las demandas de los estudiantes eran de tipo académico y laboral, y el cierre o bloqueo de la Autopista se realizó por la cerrazón de las autoridades para dar solución e incluso para dialogar con los normalistas. Manifestarse por defender los derechos a la educación y al trabajo no es ningún delito. Sin embargo, la criminalización y represión contra los estudiantes de Ayotzinapa se ha agudizado en los últimos años.

Esto porque son un grupo de estudiantes organizados y que nunca han dejado de salir a las calles para defender su escuela y los derechos ya mencionados. Además de que forman parte de una de las federaciones estudiantiles más antiguas y combativas del país: la Federación de Estudiantes Campesinos y Socialistas de México (FECSM), que junto a las Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) conforman la punta de lanza en la lucha no sólo contra la llamada Reforma Educativa, sino contra el paquete de reformas neoliberales de Enrique Peña Nieto.

La criminalización y represión contra los estudiantes de Ayotzinapa por parte del gobierno y algunos medios de comunicación, se demuestra desde cuestiones muy “sutiles” como llamarlos “ayotzinapos” o “ayotzivándalos”, o referirse a sus contingentes como “hordas”, que fue documentado en el Informe Ayotzinapa del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI). Esto también se ha perpetrado contra los profesores de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación en Guerrero (CETEG). En ambos casos para estigmatizarlos como violentos y así legitimar el uso irracional de la fuerza pública contra ellos.

Ante esto es imprescindible reconocer que, como señala Paulo Freire, no son los desposeídos los que ocasionan la violencia, la desigualdad y la injusticia, que son el origen de muchas manifestaciones, marchas y bloqueos, sino que son los que privan a la población de los derechos más elementales como la educación, la salud y la seguridad, por mencionar algunos, los que generan esa situación de desigualdad, que finalmente trae como consecuencia la movilización social a la que se responde con la represión.

La gente no se manifiesta y bloquea porque un buen día tuvo una epifanía, sino por su situación de precariedad y por ver vulnerados sus derechos. Y no hace falta señalar quienes están generando esta situación de desigualdad, inseguridad e injusticia en nuestro estado y en el país.

 

 

 

 

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