La Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa siempre ha navegado a contracorriente en su relación con el gobierno. La represión ha sido la respuesta recurrente de los gobiernos en turno a sus demandas. La muerte de tres de sus estudiantes y la desaparición –hasta ahora– de otros 43 tras el ataque de la policía municipal de Iguala, junto con sicarios, no es la primera represión donde queda un saldo de muerte.
El asesinato de Gabriel Echeverría de Jesús y Jorge Alexis Herrera Pino perpetrado por policías estatales y federales el 12 de diciembre de 2011 en un tramo de la autopista del Sol, sigue impune. A casi tres años, nadie está en cárcel por el crimen, incluso, los involucrados están otra vez incrustados en la estructura gubernamental. Alberto López Rosas, entonces procurador general de Justicia en el estado, funge como secretario del Trabajo y, peor aún, aprovecha el cargo para promoverse por todo el estado en busca de la candidatura del PRD a la gubernatura, que estará en juego el próximo año.
La impunidad ha marcado el caso de los dos jóvenes de Ayotzinapa asesinados en la autopista del Sol.
Éstos son los casos de represión más recientes, los perpetrados en el segundo periodo de gobierno de Ángel Aguirre Rivero. Pero hay muchos más . Ayotzinapa ha sufrido la represión de los golpes, la represión de la muerte, la represión de la calumnia, la represión de la carencia con más saña a partir de 1940.
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30 de noviembre de 2007. Acapulco, Guerrero. Unos 50 estudiantes de la normal de Ayotzinapa han tomado la caseta de La Venta de la autopista del Sol. Cubiertos con pasamontañas y paliacates, los estudiantes cobran cuota –50 pesos– a los automovilistas que pasan por allí. El objetivo: recaudar fondo para financiar su movimiento para que el gobierno de Zeferino Torreblanca Galindo, el primer gobernador del PRD en Guerrero, les otorgue 75 plazas a los egresados
La acción de los normalistas apenas duró 30 minutos, cuando los policías federales llegaron para desalojarlos.
Las fotografías de Pedro Pardo y Jesús Trigo, publicadas en La Jornada Guerrero y en El Sur, dejaron constancia del exceso al que recurrieron los policías federales.
En ellas se puede ver a los policías exacerbados en contra de los normalistas. También se puede ver cómo los golpean aun cuando ya tienen sometidos a los estudiantes. Los toletes no dejaron de chocar los cuerpos de los normalistas.
“Unos 30 minutos después de iniciada la protesta, una veintena de policías federales comenzaron a llegar al lugar a bordo de camionetas. La presencia policiaca no inhibía, hasta ese momento, a los normalistas que seguían pidiendo cooperación a los automovilistas. En un instante, dos camiones de la Policía Federal Preventiva con unos 80 agentes antimotines reforzaron la valla de los federales montada a unos 150 metros de distancia de la caseta.
Escudada única y aparentemente para la contención, la cortina de policías avanzó a paso lento hacia los normalistas, como dando oportunidad para el retiro voluntario. Y los manifestantes retrocedieron al mismo paso de los policías, sin agresión de ningún bando, pero ambos preparados para actuar.
Así, con escudo por delante y tolete preparado, fueron replegando a los normalistas hacia sus autobuses, pero algunos policías decidieron actuar ante el reto verbal de normalistas que no lograron repeler la golpiza a pesar que preparaban algunos cohetones que llevaban en costales de cartón. Para paralizarlos, algunos policías accionaron extintores en el rostro de los manifestantes.
Mientras un grupo de normalistas logró huir en uno de los autobuses, otro de 19 fue contenido. La mayoría de éstos permaneció a bordo del camión y seis fueron golpeados a patadas y toletazos hasta tenderlos sobre el asfalto. Ya sometidos y con las manos en la espalda, fueron objeto de otra golpiza”. Así consignó los hechos el reportero Allan García en su texto que publicó al día siguiente en La Jornada Guerrero.
Otra represión en el gobierno de Torreblanca Galindo se dio en mayo de 2005, cuando al menos 500 policías antimotines desalojaron del Congreso local a estudiantes de la Normal mientras éstos protestaban en demanda de plazas y de que no desapareciera esa institución.
Los efectivos antimotines utilizaron toletes y gases lacrimógenos para retirarlos del lugar. En esa ocasión el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan reportó a 230 estudiantes lesionados, 30 detenidos y dos desaparecidos.
Cuando Ángel Aguirre Rivero asumió el gobierno, se pensó por un momento que la represión en contra de la Normal si bien no iba terminar, no sería tan extrema.
Aguirre Rivero logró algo que gobernadores anteriores no habían podido: almorzó en el comedor de la Normal junto con los normalistas. La relación entre un mandatario y los normalistas no se miraba tan hostil, incluso, hasta un autobús recibieron los estudiantes de manos de Aguirre.
Pero todo se terminó con la muerte de Alexis y Gabriel en la autopista del Sol a manos de policías estatales, ministeriales y federales. A partir de ahí el linchamiento y la satanización de Aguirre, a través de todo el aparato gubernamental, en contra de los normalistas no ha parado.
El 7 de mayo de 2012, un grupo de normalistas se encontraban en el tramo de carretera Chilpancingo-Iguala, en el punto conocido como Casa Verde boteando para recaudar fondos para el festejo del Día de las Madres.
Ese día, una vez más fueron enviados policías estatales y federales, con armas de fuego, a disuadir el boteo que realizaban los normalistas.
De acuerdo al testimonio de los normalistas, unos 100 policías, entre estatales y federales, llegaron hasta ese punto a desalojarlos a punta de toletazos y balazos.
Los estudiantes fueron trasladados a las instalaciones de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) y liberados al día siguiente.
Una intimidación similar y en el mismo punto, Casa verde, la vivieron los normalista el 9 de noviembre de ese mismo año. En esta ocasión, agentes de la Policía Federal detuvieron y golpearon a cinco normalistas que como la otra vez, se encontraban pidiendo cooperación a los automovilistas
En esa ocasión, según el testimonio de los normalistas, lo agentes de la Policía Federal les dispararon a los pies; a cinco de ellos –Ezequiel Sánchez Alvarado, Rodolfo Vargas Ortiz, Antonio Morales Villanueva, Marcos López Cruz y Roberto Estrada Medina– los golpearon en el rostro y en el cuerpo y se los llevaron presos.
Los estudiantes de Ayotzinapa han sufrido agresiones incluso de civiles que nada tiene que ver con el gobierno, quizá, se dice, por la satanización del gobierno contra los normalistas.
El 7 enero sobre la carretera federal Acapulco-Zihuatanejo, a la altura del municipio de Atoyac, murieron dos estudiantes de Ayotzinapa y tres más resultaron heridos mientras pedían cooperación a los automovilistas que transitaban por esa vía. Eugenio Tamarit, de 20 años, y Freddy Vázquez, de 23, murieron.
En el expediente del caso se asienta: “el inculpado conducía un vehículo Keenworth de plataforma, quien por conducta poca cuidadosa, imprudencia, negligencia, marcada falta de precaución y/o atención al circular, incurrió en infracciones al Reglamento de Tránsito en Carreteras y Puentes en jurisdicción federal. Provocó que la parte lateral derecha del riel de la retroexcavadora que llevaba en el remolque acoplado chocara contra la anatomía corporal de los hoy occisos y de tres jóvenes más que resultaron lesionados”.
Y la más reciente es la masacre de Iguala. Pero la historia de represión de la Normal de Ayotzinapa puede datar desde 1940 cuando el Ejército entró a las instalaciones de la escuela, detuvo al comité estudiantil y maestros. En el asalto, los militares los desnudaron y los encarcelaron durante tres años. La causa: haber izado la bandera rojinegra en la explanada de la escuela.
A pesar de todo este historial, Ayotzinapa a veces pierde la memoria, como en 2010 cuando apadrinó la generación el entonces diputado local del PRI, Héctor Vicario Castrejón, uno de los alumnos más avanzado de Rubén Figueroa Alcocer, el ex gobernador que fue obligado a renunciar por su responsabilidad en la muerte de 17 campesinos en el poblado de Aguas Blancas, en el municipio de Coyuca de Benítez.
O como el reciente mes de julio, cuando apadrinó la generación en la que egresaría Gabriel Echeverría, uno de los jóvenes asesinados en la autopista del Sol, la secretaria de Educación, Silvia Romero Suárez, y el sobrino del gobernador Ernesto Aguirre Gutiérrez, quien hace un papel de vicegobernador. La memoria a veces puede ser laxa.
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Ayotzinapa se fundó el 2 de marzo de 1926, con la idea de proporcionar educación a los hijos de los campesinos de las zonas más pobres del estado. Por esta institución estudiaron Lucio Cabañas Barrientos y Genaro Vázquez Rojas, que son de los pocos que enfrentaron al poder autoritario y casi dictatorial con el que ha sido gobernado Guerrero.
Desde entonces Ayotzinapa ha mantenido su lucha. El proyecto normalista de esa época comenzó con 40 normales; ahora son apenas 16.
Pero la resistencia de la escuela está anclada en su interior: en sus instalaciones, en sus carencias, en la mala alimentación, en la incertidumbre que habita entre los que próximamente van a egresar, pero también por la amenaza que existe de que los hijos de los campesinos e indígenas no la vuelvan a ocupar.
Desde la entrada el mensaje es claro. “Ayotzinapa, cuna de la lucha social”, dice el letrero de bienvenida. Y tal vez haya mucho de cierto en ello. La lucha para Ayotzinapa es lo que el combustible a los carros: imprescindible para andar.
Las cientos de manifestaciones que han encabezados los estudiantes en las calles y principales vías del estado tienen razones, motivos, pero, sobre todo, tienen rostros. Los estudiantes que habitan el internado tienen historias de lucha, y tal vez no todos historia de lucha social, pero sí de vida, sí de sobrevivencia.
Muchos de ellos han descubierto la vocación de ser profesores dentro de Ayotzinapa, pues ser maestros rurales no era su plan inicial de vida. Sin embargo, eso que llaman destino, o más bien el desinterés y la indolencia de los gobiernos por garantizar la educación para todos los jóvenes, ha propiciado ese encuentro inevitable entre los hijos de campesinos e indígenas con Ayotzinapa.
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El asesinato de tres normalistas y la desaparición de otros 43 el pasado fin de semana, es el golpe más duro contra Ayotzinapa en su historia. Pero tal parece que la represión en contra de los estudiantes se repite porque la anterior (represión) quedó en la impunidad. En estas condiciones, cualquier gobierno, de cualquier signo político podrá atacarlos porque no hay castigo para los culpables.
Ahora en este gobierno, el de Ángel Aguirre Rivero, donde ya en dos ocasiones los estudiantes han sido reprimidos, y que en la parte más complicada del conflicto –¡están desaparecidos 43 jóvenes y nadie sabe nada!– el gobernador ha anunciado que está dispuesto gastarse hasta 43 millones de pesos, un millón por la información que den para dar con el paradero de uno de ellos. Esta recompensa, más que dejar patente su compromiso por dar con los jóvenes, pone más en manifiesto su insensibilidad.
¿Qué hubiera pasado si Aguirre Rivero hubiera invertido esos 43 millones de pesos en el mejoramiento de Ayotzinapa? No se sabe, es una mera especulación, pero tal vez hubieran solucionado parte de los problemas que ahí hay y hubieran detenido las protestas y demandas de estudiantes. 