Cristina Bautista lleva un libro de cantos religiosos en las manos. Con ella, una veintena de mujeres que marchan para exigirle al gobierno le presentación con vida de sus hijos, no paran de rezar .
Llevan cartulinas anaranjadas en la que trazaron con crayón rojo la frase “vivos se los llevaron vivos los queremos”, esa vieja consigna de la década de los setentas y ochentas cuando familias de los desaparecidos por la guerra sucia salían a las calles a exigir la presentación de sus hijos que se había llevado el Ejército Mexicano o las corporaciones policiacas federales o estatales.
“Padre nuestro que estás en el cielo / santificado sea tú nombre / venga nosotros tu reino / hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo y no nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal amén”, oraban las mujeres en espera del milagro de que sus hijos aparezcan.
Doña Cristina Bautista Salvador, originaria de Alpoyecatzingo, municipio de Ahuacotzingo, en la región alta de la Montaña, dice que la última vez que vio a su hijo Benjamín Ascencio Bautista fue a mediados de septiembre cuando fue a su comunidad.
“Estamos rezando para ver si con esto las autoridades se les ablanda su corazón y nos entregan a nuestros hijos”, dice Cristina.
Las mujeres que exigen la presentación de sus hijos marcharon todos los días de la semana pasada. Las apoyaron estudiantes de Ayotzinapa y de otras normales públicas que están en paro en solidaridad con este movimiento de protesta.
“No hay peor dolor que la pérdida de un hijo; eso lo debe entender el gobernador Ángel Aguirre. A ver qué sentiría él si uno de sus hijos lo desaparecen”, reflexiona.
Son casi las 2:00 de la tarde del miércoles primero de octubre y el contingente de más de medio millar de personas llega a la puerta metálica del Palacio de Gobierno. La puerta está cerrada, pero no hay policías que la resguarden.
Llegan y no hay gritos. Solo colocan tres mantas y pancartas sobre la puerta negra.
Sobresale, por su tamaño, una con la imagen del gobernador Ángel Aguirre Rivero con las manos manchadas de sangre.
“El 12 de diciembre no se olvida”, dice un letrero en referencia a aquella fecha del 2011 cuando en un desalojo perpetrado por policías federales y estatales en la autopista del Sol, los normalistas Jorge Alexis Herrera Pino y Gabriel Echeverría de Jesús murieron a balazos.
Doña Cristina, una campesina acostumbrada a caminar grandes distancias en su comunidad, se ve cansada tras la marcha. Solo unos minutos permanece de pie en la explanada del Palacio y luego se sienta en un rinconcito donde hay una poca de sombra.
Lloran ante visitadores de la CNDH
Ante los visitadores de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, las madres de los desaparecidos lloran y no ocultan su rabia cuando hablan con ellos de lo ocurrido a sus hijos.
“ ¿Servirá de algo esto que ya contamos muchas veces desde el sábado y que de nada ha servido, ya que mi hijo no aparece?”, cuestiona una señora.
Los integrantes de la CNDH arribaron a la Normal en una camioneta blanca que estacionaron en el patio de la entrada. Varios de ellos platicaron con los padres en uno de los salones de clase. “Ya tengo aquí cuatro días y sigo sin saber nada de mi hijo, ¿qué hago?, dijo un campesino de Tixtla con los ojos llorosos.
Uno de los dirigentes de la Normal Rural de Ayotzinapa cuenta que con los datos que aporten los familiares, la CNDH puede armar una recomendación contra el gobierno de Ángel Aguirre.
Raúl Olmedo, integrante del comité estudiantil, recordó que tras el desalojo en la autopista del Sol el 12 de diciembre del 2011, donde murieron a balazos los estudiantes Gabriel Echeverría de Jesús y Jorge Alexis Herrera Pino, este organismo emitió una recomendación en el 2012 y que hasta el momento sigue sin cumplirse.
“No hay culpables en la cárcel”, sintetiza.
Pero espera que ahora con las denuncias que están haciendo los familiares de los normalistas desaparecidos en Iguala tras los hechos violentos en los que murieron a tiros seis personas, entre ellas, tres de sus compañeros, sirva para que los encuentren.
“Yo les dije que busquen a mi hijo, que ya lo quiero ver porque llevo aquí cuatro días que no sé nada de él », dijo la señora Mardonia Torres Romero, madre del estudiante de primer año de educación bilingüe José Luis Luna Torres.
Originaria de Amilcingo, Morelos, Mardonia dijo a los de la CNDH que versiones que escuchó de algunos sobrevivientes de los ataques a balazos que sufrieron la noche del viernes en Iguala, es que vieron que a muchos de sus estudiantes se los llevó la policía municipal en sus patrullas.
“Yo les pido a los policías que suelten a mi hijo, que no le hagan ningún daño”, clamó la señora, quien es madre soltera que se dedica a vender cacahuates y manzanas en su comunidad indígena.
Desde su participación en las marchas para exigir la presentación de los jóvenes desaparecidos, Mardonia lleva una hoja de cuaderno de doble raya en donde está pegada una fotografía de su hijo de 21 años de edad.
“Nosotros somos muy pobres, y de todos mis hijos el que quiso estudiar es José Luis, mi pequeño”, dice en medio del llanto.
En la plática que tuvo con uno de los visitadores de la CNDH, les contó que su hijo siempre le dijo que quería ser profesor.
“Siempre me dice que cuando sea maestro, él me va a mantener”, evocó.
El primer día de trabajo en las instalaciones de Ayotzinapa, los visitadores de la CNDH recabaron 30 testimonios de más de 20 familias que tienen un hijo desaparecido. La gente habla de su situación entre sollozos.
Doña Mardonia Torres dice que tiene listas varias pancartas para llevarlas en las siguientes protestas; sin embargo, tiene la esperanza de que el día que acompañe en las calles a los normalistas, su hijo ya haya aparecido.
Las lágrimas que escurren abundantes por su rostro, humedecen la hoja de cuaderno de doble raya donde está la foto de su hijo. Alrededor de ella, en la cancha de usos múltiples de la normal Raúl Isidro Burgos, hay otros padres que sufren el mismo dolor que ella.
Y también lloran ante la mirada de los enviados de la CNDH. 