A César González se le quiebra la voz. “Yo no creo lo que dicen las autoridades. Sé y tengo fe de que mi hijo está vivo”, dice el hombre, que al igual que otros 42 padres de familia desde hace 44 días viven en la Normal de Ayotzinapa en espera de sus hijos con vida.
César se dedica a la hojalatería en Huamantla, Tlaxcala. Es bajo de estatura y piel blanca. El viernes 7, trae boina. Dejó su taller y se vino a Ayotzinapa a esperar noticias positivas de su hijo desaparecido, César Manuel González, de 22 años de edad, quien desde niño decía que de grande sería maestro rural.
En la conferencia de prensa, César González dice ante las cámaras que él confía en dios en que su hijo pronto regresara vivo. En su mensaje al presidente Enrique Peña Nieto le recuerda que en la reunión que tuvieron en Los Pinos el 29 de octubre, les prometió que iba a redoblar el número de elementos policiacos para la búsqueda de los normalistas desaparecidos.
“Usted, señor presidente, no ha cumplido. Ya basta de decir que nuestros hijos los encuentran en fosas y destazados”, exige César González.
“Ya basta de tanta ineptitud, ya basta de tanto dolor que nos causa a nuestras familias, a nuestros hijos”, reclama el papá del joven desaparecido.
Pide a los funcionarios del gobierno federal que si no pueden con la investigación, que se retiren.
Reclamó que desde que han estado realizando protestas, el gobierno ha matado muchas veces a los normalistas dando a conocer versiones falsas.
Después de dar su mensaje, el hojalatero se levanta de la silla blanca de plástico.
En su pueblo, Huamantla, famoso por las corridas de toros en las calles, sus familiares han convocado a marchas para exigir la presentación con vida de César Manuel González. Las movilizaciones en las que han participado cientos de personas las convoca su hija, Brenda González, quien también es estudiante normalista.
César recuerda que el mismo viernes 26 de septiembre su hijo les envío un mensaje de texto desde su celular, en el que les dijo que se encontraba bien y que en ese momento apenas había terminado de desayunar en el comedor de la Normal.
Después de ese mensaje, ya no supieron más de él.
Según testimonios, César Manuel González, sobrevivió a los dos ataques a tiros que él y sus compañeros sufrieron en 26 de septiembre en la noche en Iguala, el primero por parte de la policía municipal, y el segundo a manos de un grupo de hombres armados.
Pero después, junto con sus otros 42 compañeros, habrían sido detenidos por la policía municipal y posteriormente entregados a individuos armados, presuntamente del grupo delictivo Guerreros Unidos.
En una conversación que el pasado domingo tuvo con otro familiar de uno de los desaparecidos en los pasillos de la Normal, el tlaxcalteca le confió a su acompañante que ya no contaba con dinero.
Y contó una anécdota que en Día de Muertos tuvo en la ciudad de Tixtla. “Yo estaba viendo unos murales que pintaron varios artistas en donde estaban los retratos de los muchachos desaparecidos y una señora se me acercó y al decirle que yo era familiar de uno de ellos me daba 200 pesos, pero le dije que no, que ese dinero le serviría mejor para sus hijos”, señaló.
En la rueda de prensa ofrecida el viernes en la explanada de las instalaciones de la Normal, César González dijo que en Dios fija su única esperanza para encontrar a su hijo. “No duermo, apenas como, pensando en él; poco a poco se me está yendo la vida”, dice con voz apagada en breve entrevista.
César se aleja del tumulto y se va a refugiar a un rincón del edificio educativo.
El encuentro con Murillo
Los rostros de los padres de familia de los normalistas desaparecidos reflejan rabia e indignación cuando el titular de la Procuraduría General de la República (PGR), Jesús Murillo Karam, les dio la noticia de que los jóvenes presuntamente habrían sido asesinados e incinerados por el grupo delictivo Guerreros Unidos.
Poco después de las 11:00 de la mañana, dos autobuses en los que iban padres de familia y normalistas, una camioneta y otro vehículo que trasladaba a abogados del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan y del Agustín Pro Juárez, atravesaron la pista del aereopuerto de esta capital.
Casi a esa hora arribó en un helicóptero de la PGR, color gris, Murillo Karam y de inmediato ingresó al hangar.
A las 11 con 20 minutos, inició la reunión.
Según la versión del abogado del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Vidiulfo Rosales Sierra, cuando Murillo les contó esa versión, los padres se molestaron y le gritaron que no le creían.
El funcionario federal se molestó: “Ya no me regañen, no me lo merezco”.
La reunión inició a las 11:25 y concluyó a las 12 horas en punto.
“Lo que nos dijo el procurador, fue algo delicado”, comentó el abogado Rosales al salir, junto con familiares y normalistas, del aeropuerto, ubicado al sur de Chilpancingo y que en esta ocasión estuvo bajo fuerte resguardo de policías federales y elementos del Ejército mexicano.
En la rueda de prensa ofrecida el viernes por la tarde en Ayotzinapa, uno de los padres acusó al gobierno de Enrique Peña nieto de seguir jugando con el dolor de ellos dando a conocer “hipótesis” que no están sustentadas científica y técnicamente.
Acusó a Peña Nieto de incumplir con los diez puntos que les firmó en la reunión de Los Pinos. Uno de los acuerdos fue que ordenaría que se intensificarían los trabajos de búsqueda de los 43 normalistas desaparecidos.
“Eso no ha sido así; y ahora el procurador de la República nos sale con una versión que no la creemos; a ver ¿cuántas veces el gobierno ha matado a nuestros hijos?, preguntó.
Otro acuerdo que incumplió Peña es que su gobierno se ha negado a firmar el convenio de colaboración con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), para que personal especializado de este organismo venga a México a participar en las indagaciones de la localización de los jóvenes.
“Tuvimos que llegar hasta Los Pinos para que el presidente Enrique Peña cumpliera con su mandato de que nos presentaran con vida a los muchachos. Pero nos queda claro que a más de 40 días de su desaparición, seguimos con la misma circunstancia. Y hoy nuevamente pretenden que la sociedad crea que nuestros hijos están muertos”, refirió.
Recordó que Peña se comprometió a cumplir el punto principal, que es la localización de los jóvenes. “Pero hasta hoy ni siquiera nos ha mostrado una foto de ellos”.
En la rueda de prensa, el padre de familia señaló que para ellos sus hijos están vivos y que ellos ya tomaron el acuerdo de llegar hasta las últimas consecuencias para encontrarlos.
Condenó que en la reunión del viernes, a pesar de que Murillo les dijo que la investigación sigue abierta, aseguró que en las bolsas que encontraron en las barrancas de Cocula, están los restos de los jóvenes sin presentar pruebas.
“Para nosotros es una forma de seguir torturando de manera descarada a los familiares por parte del gobierno federal. Y nosotros no lo vamos a permitir”, advirtió.
Los padres de familia exigieron al presidente Peña Nieto que antes de que se vaya la próxima semana de gira a China y Australia, primero que presente vivos a los 43 normalistas. “Si se va de gira internacional, se va a comprobar una vez más que a Peña Nieto no le interesa el pueblo”, dijo el padre de familia.
Vidiulfo Rosales denunció que el gobierno federal ha obstruido la labor de investigación que realizan los peritos forenses de Argentina.
Y es que los familiares de los jóvenes desaparecidos, dijeron que ellos van a confiar solamente en los resultados que den a conocer estos peritos extranjeros.
El abogado dijo que los padres de familia ya están preparados para aceptar el resultado que sea, pero que el gobierno federal ya deje de dar a conocer investigaciones sin evidencias de pruebas.
La madre de un estudiante desaparecido, señaló que ellos no aceptan lo que dijo Murillo Karam de que sus hijos están muertos. “Porque incluso él, dijo que no se tiene la certeza de que sean ellos; pero eso no quiere decir que estemos cerrados, estamos dispuestos a aceptar sea cual sea el resultado, pero con pruebas; pero nosotros tenemos la esperanza de encontrar vivos a nuestros hijos”, afirmó.
Los familiares anunciaron que ellos van a iniciar la búsqueda de sus hijos.
Los dirigentes del comité estudiantil de Ayotzinapa advirtieron que las protestas no sólo van a seguir, sino que éstas van a subir de intensidad en los próximos días.
En estas acciones, seguirán participando los maestros de la CETEG y militantes de organizaciones sociales, así como la Policía Comunitaria.
Los padres de familia exigieron al gobierno que investigue a las autoridades castrences del 27 Batallón de Infantería de Iguala y a los mandos de la Policía Federal que el viernes 26 en la noche no actuaron para frenar el ataque de los policías municipales y los sicarios de Guerreros Unidos.
“El Ejército y la Policía Federal actuaron también por omisión, porque si ellos hubieran actuado, los jóvenes estarían con nosotros”, fue el reclamo.
También exigieron que se investigue a alcaldes de municipios de la región Norte y a funcionarios que en varias mantas que Guerreros Unidos ha colocado en Iguala, los menciona como miembros de este grupo delictivo.
Entre esos nombres que aparece en las mantas, el delegado estatal de la Secretaría de Desarrollo Territorial y Agrario, Héctor Vicario Castrejón, integrante del grupo político que dirige el ex gobernador Rubén Figueroa Alcocer. 