"Originario de San Miguel del Progreso –Juìba Wajiìin, en su lengua materna, me’phaa–, un pueblo de Malinaltepec donde la gente dijo ¡no! a las mineras, Anastacio Basurto considera que su lucha no es por ellos, sino “por las generaciones futuras”, y se niega a que sus hijos pierdan la libertad que les dan sus tierras.
Don Tacho estuvo varios años en el Ejército, conoce la injusticia de las instituciones, porque, dice, “el gobierno siempre hace leyes que nos afectan para beneficiar a los ricos; a los pobres siempre nos afectan”.
Perteneciente a la Montaña, San Miguel tiene tres climas: templado, frío y caluroso; sus cuatro mil habitantes comen papayas, mangos, guayabas, todo el día; hay mucha fruta, y el olor del café acaricia el olfato sólo de pisar la primera calle de ese pueblo rodeado de grandes cerros y paisajes como puestos allí por la mano de un pintor.
Anastacio Basurto fue en 2011 presidente del Comisariado de los Bienes Ejidales de San Miguel, tiempo en el que la Procuraduría Agraria (PA) quiso imponer la llegada de Hochschild México, empresa británica que pretendía extraer zinc, plata y otros minerales de abajo de los cerros de la comunidad indígena. Pero, con la asesoría de organizaciones no gubernamentales, San Miguel logró ampararse contra la Ley Minera.
Su comunidad, de la que Tacho se siente muy orgulloso, es un ejemplo a escala nacional de cómo un pueblo organizado pudo argumentar jurídicamente que una ley no puede estar por encima de la autonomía de una comunidad indígena; una legislación no puede estar sobre sus derechos constitucionales como pueblos originarios.
Aun con la concesión minera que otorgó el gobierno federal, a la fecha la vida de los habitantes es placentera, como ellos la quieren: le rezan a sus santos, bailan la danza de Los 12 pares de Francia, van a los cerros a ofrendar para que llueva; sigue oliendo a café, las papayas aún se comen en abundancia.
“¡No van a entrar las mineras, no van a entrar, así tengamos que dar la vida!”, me dijo don Tacho el año pasado. Y se sostiene en lo mismo hasta la fecha. Su vida, su pueblo, su territorio, sus árboles frutales, su café y sus familias, valen más que cualquier arreglo con alguna transnacional. “No queremos estar como aquellos pueblos que se están enfermando, que cambiaron sus tierras y se están muriendo”, advierte.
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El 15 de julio de 2013, San Miguel del Progreso interpuso una demanda de amparo que quedó radicada en el Juzgado Primero de Distrito de Guerrero, bajo el número de expediente 1131/2013. En la demanda contra la Ley Minera, la comunidad, con el apoyo jurídico del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, señaló que las concesiones entregadas a la empresa minera violentaban la autonomía de un pueblo a decidir sobre su territorio.
Sin embargo, el gobierno federal no aceptó la demanda de amparo y actualmente sigue en revisión. Tlachinollan solicitó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que atraiga el Amparo en Revisión 167/2014, donde cuestionan la inconstitucionalidad de la Ley Minera, la cual avala otorgar concesiones sin consultar a los pueblos y violando derechos humanos de sus habitantes.
El área jurídica de Tlachinollan explica que la SCJN aún no ha contestado su petición de atracción, pero mientras haya un juicio en revisión, la empresa británica, que pretende realizar la minería a cielo abierto, contaminar bosques, mantos, dejar infértil la tierra, no podrá entrar a San Miguel.
Mientras la SCJN revisa la atracción del caso, el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito Judicial lo revisa, luego de que las autoridades no reconocieron como válida la demanda de San Miguel para que se respete la decisión de una comunidad indígena que no quiere que se exploten minerales en su territorio, porque antes de que hubiera ley minera (1992) ellos estaban allí.
La acción legal incorpora además el reclamo concerniente a que la Justicia Federal analice si las disposiciones de la Ley Minera son constitucionales y compatibles con la Convención Americana de Derechos Humanos (CADH) y con el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
Aunque la demanda esté aún en trámite, es un caso que sentó un precedente, porque en el proceso han sido señaladas como responsables 17 autoridades, incluyendo tanto a las adscritas a la Secretaría de Economía que participaron en el procedimiento administrativo para el otorgamiento de concesiones, como a aquellas de los poderes Ejecutivo y Legislativo que participaron en el procedimiento legislativo que concluyó con la promulgación de la Ley Minera en vigor.
San Miguel del Progreso ha contenido la explotación de minerales por las concesiones otorgadas en Reducción Norte de Corazón Tinieblas (título 232560) y Corazón de Tinieblas (título 237861) en su territorio, porque de acuerdo a don Tacho, gracias a la asesoría de Tlachinollan y a que ellos tomaron conciencia de que no podían vender sus vidas a cambio de oro mantienen esa lucha.
La gente de San Miguel aún se reúne a hablar de la defensa de su territorio, se siente afortunada porque gracias a que se enteraron en un tiempo adecuado lo que pretendían hacer con su territorio –despojarlos, pagarles sus tierras y enviarlos a otros lugares, a olvidar sus orígenes, a dispersarse, no volver a ver a tus vecinos, amigos, parientes– supieron que esa oferta no era una opción, contó don Tacho.
Otras comunidades como Paraje Montero, en Malinaltepec, no pudieron promover a tiempo un amparo y sufren las consecuencias, porque allí ya hay fases de exploración para que se instalen las transnacionales.
El área jurídica de Tlahinollan asegura que hay muchas posibilidades de que se gane la lucha, porque el Estado ha firmado tratados internacionales que les dan carácter de propiedad de su territorio y respeto a la cosmovisión de las comunidades indígenas; la Ley Minera viola dichos acuerdos.
Entre los argumentos del amparo, justo está el despojo que habría de su territorio, sus tradiciones y su forma de vida, si se le permite la entrada a la empresa Minera Hochschild México S.A. de C.V. de capital británico.
Además de que la sentencia incorpora los estándares que emanan del derecho internacional de los derechos humanos en materia de pueblos indígenas.
“Hemos visto que sí hay una política a nivel nacional que busca profundizar el auge de la minería, incluso ignorando el derecho de la comunidades y pueblos indígenas a decidir sobre su propio desarrollo, lo único que queda es la organización de la gente y la defensa de las comunidades son acciones legales”, señaló Tlachinollan.
Es urgente, consideran, porque el modelo de la Ley Minera está presente en las nuevas iniciativas, por ejemplo en materia energética, donde hay una ausencia de consultar e ignorar el derecho al territorio, que llevaría a las empresas transnacionales a despojar a las comunidades de manera legal.
De acuerdo a la organización, en 2005 existían en Guerrero 417 títulos de concesión minera, equivalentes a 388 mil 225 hectáreas. Sin embargo, después de los “exitosos” resultados de extracción de oro y plata de la empresa canadiense GoldCorp en la comunidad de Carrizalillo, municipio de Eduardo Neri, incrementó el número de solicitud de títulos de concesión. Hay actualmente al menos 600. En Guerrero se han concesionado alrededor de 704 mil 736 hectaìreas.
Las regiones de la Montaña y Costa Chica, que concentran a la mayor población indígena de Guerrero, han despertado interés en el sector minero debido a los 42 yacimientos mineros que en su territorio se encuentran. El gobierno federal ha otorgado alrededor de 30 concesiones por 50 años para que transnacionales trabajen en terrenos de la mayoría de los 19 municipios de la Montaña.
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Tacho me contó que veía mucha ignorancia en la gente, que a él mismo le costó trabajo entender que tenían que iniciar una lucha por sus tierras; no conocían los estragos de la minería a cielo abierto, hasta que tomaron consciencia.
En 2011, funcionarios de la PA le dijeron a Anastacio Basurto, en ese entonces presidente del Comisariado de los Bienes Ejidales, que los habitantes de San Miguel podrían progresar, ganar mucho dinero, si permitían explorar sus tierras, porque había oro, plata y zinc, entre otros minerales que potenciarían el desarrollo de la región, si cedían.
Primero él se la creyó y llevó el tema a la asamblea de la comunidad, que como en la mayoría de las poblaciones indígenas de La Montaña –Nahuas, Ñuu Saavi y Me’phaa–, ponderan sus decisiones de manera colectiva. Primero pensaron que era una excelente idea porque sólo sería “rentar” sus terrenos.
Luego, el sacerdote del pueblo, Melitón Santillán advirtió de los riesgos para una comunidad, que se ejerza la minería a cielo abierto: enfermedades, destrucción de sus cerros sagrados, huertas de frutas, de café; sus manantiales y sus tres climas, que no hay en otro pueblo alrededor.
Él fue a convenciones en varios estados para conocer el tema minero, y Roberto Gamboa, activista de Tlachinollan, expuso lo peligroso que sería permitir la entrada a Hochschild. Nada fue sencillo. Tuvieron que hablar, hablar y hablar, pero al final todos se convencieron de que tenían que ser autoridades agrarias para poder demostrar su autonomía como pueblo de manera legal.
Desde el 12 de abril de 2011 solicitaron su inscripción como autoridad agraria en el Registro Agrario Nacional, lo que les fue concedido el 13 de septiembre de 2012. Desde esa fecha, en San Miguel hay más autonomía. Un consejo que don Tacho da a todas las comunidades que estén a tiempo de frenar que la minería.
La gente de ese pueblo dice que no cambiaría su tierra por nada en el mundo. Sus árboles de hojas de diferentes tonalidades de verde, son majestuosos todo el año; los altos cerros, altos, con fragancias inefables; decenas de manantiales. Vida, mucha vida. 