La región de la Montaña baja –Chilapa, Ahuacuotzingo, José Joaquín Herrera, Zitlala y Atlixtac– es basta en recursos naturales: cuenta con bosques, mantos acuíferos, minerales y una gran superficie de tierra fértil para el maíz, la calabaza, las moras, las piñas, las lechugas, los rábanos, los jitomates, los ajos y las cebollas. Fértil, también, para el maguey, la mariguana y la amapola.
Pero más de dos mil hectáreas de su superficie ya están concesionadas a empresas mineras para que sean explotadas durante 50 años. También gran parte del territorio de estos municipios está en disputa por el crimen organizado.
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Hasta agosto de año pasado, en el municipio de Ahuacuotzingo nadie sabía que el gobierno federal había concesionado a empresas mineras más de dos mil hectáreas de su territorio para explotarlo durante los siguientes 50 años.
Nadie lo sabía, o por lo menos eso dijeron los pobladores que participaron en el foro Peligro de las Minas y Maíz transgénico, donde el abogado del Centro de Defensa de los Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan Fernando Estrada García se los informó.
Esa tarde del 2 de agosto de 2014, en la reunión convocada por los sacerdotes Pedro Felipe Julio y Bernardo Ocampo les advirtieron de las intenciones de las empresas mineras y de sus efectos cuando una de ellas se apodera de algún territorio: devastación de bosques, contaminación de mantos acuíferos, saqueo de minerales y, por supuesto, desplazamiento y alteración de la vida de los pobladores, entre otros.
Estrada García les dijo que en Ahuacuotzingo existen dos polígonos denominados Goleac 5, fracciones 5 y 6, que la empresa minera Zalamera, en ese momento ya realizaba trabajos de exploración.
Los polígonos, dijo el abogado, comprenden desde Mitlanzingo (comunidad que aproxima a la región Centro con la Norte) hasta la localidad de Xitopontla (que une a este municipio con el de Olinalá, en región de la Montaña alta). En total, precisó, tienen una superficie cercana a las dos mil hectáreas entre laderas, cerros y terrenos agrícolas.
De acuerdo a información alojada en el portal de internet de la Secretaría de Economía (SE), de 2006 a 2013, en los municipios de Ahuacuotzingo y Olinalá se otorgaron cinco concesiones.
En Ahuacuotzingo, en 2006 se otorgó la concesión con número de título 228263, para explotar 500 hectáreas, con un vencimiento hasta 2056.
Dos años después, en 2008, se otorgó el título de concesión número 231794 que permite la explotación de 300 hectáreas en el lote denominado San Martín y que concluye hasta 2058.
En 2012, la SE también otorgó la concesión número 239793 a la empresa Honorio Alcocer Rendón y Socios, para explotación de un lote denominado Las Juntas, que culminará en 2062.
Y apenas en 2013, se otorgaron dos concesiones para la empresa Minera el Patrón, S.A. de C.V, con títulos 242533 y 242534 con superficie a explorar cercana a las dos mil hectáreas, en el lote llamado 7 Leguas Fracción 4 y 5 en el municipio de Olinalá, que colinda con Ahuacuotzingo.
Para el siguiente paso, la explotación, les advirtió el abogado, dependerá de la voluntad de ellos mismo para que las empresas mineras comiencen a explotar los recursos.
“La empresa deberá entrar si posee permiso de la asamblea comunal o ejidal”, dijo el abogado a los pobladores.
Estrada García señaló que las concesiones mineras en Guerrero se contraponen a los derechos de los pueblos indígenas, y los campesinos sólo cuentan para la defensa de su territorio con la Ley Agraria donde, a través de una asamblea de comuneros o ejidatarios, podrá rechazar cualquier proyecto ajeno a su comunidad, como la minería, la tala de árboles, venta de tierras y embotelladoras de agua.
En respuesta, pobladores de la cabecera municipal de Ahuacuotzingo y de las comunidades de Oxtotitlan, Oxtoyahualco, Tecolcuahuatla y Xocoxoczintla, acordaron iniciar una campaña de información para “un territorio libre de minería”.
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En estos cinco municipios la población indígena (nahua) prevalece. Muchos de ellos son campesinos que tienen como principal actividad la agricultura que apenas les resuelve el asunto de la alimentación. Tienen tierras pero no pueden hacerlas producir como quisieran. Lo que siembran y pueden cosechar lo utilizan de forma prioritaria para el autoconsumo. El excedente lo venden a granel en las banquetas de las ciudades cercanas. Son, pues, comunidades pobres.
La mayoría de la superficie de esta región es rural. En las cabeceras municipales es donde la urbanización apenas comienza a aparecer de forma desordenada.
La región de la Montaña baja es una espacio estratégico para la siembra y trasiego de droga. Su conexiones entre cada municipio son caminos rural intrincados, solos, olvidados y poco vigilados. Pero también conecta con otras regiones. Chilapa, el más grande en territorio y población, conecta con los municipios de Tixtla, Quechultenango, de la región Centro, y con el municipio de Acatepec en la región de la Montaña. Su principal carretera lleva a Tlapa.
Ahuacoutzingo conecta Copalillo, en la región Norte, y con Olinalá, de la Montaña. También una de las carreteras de Ahuacuotzingo que entronca con Olinalá llevan al poblado de Paso Morelos que acerca al estado de Morelos y a la Ciudad de México.
Zitlala, el más pequeño en población y presupuesto, comparte límites con Apango, en la región Centro y, con Copalillo en la región Norte.
José Joaquín Herrera limita con Quechultenango, en la parte alta de ambos municipios y, además, colinda con Acatepec.
Mientras que Atlixtac colinda con Tlapa, Zapotitlán Tablas y Acatepec; todos en la región de la Montaña alta. Todo este territorio está en disputa.
Los grupos de la delincuencia organizada, Los Rojos (asentados en Chilapa) y Los Ardillos (en Quechultenango) desde hace un año han comenzado una pelea enfurecida.
Los propósitos de su lucha no se aprecian con claridad; pero tampoco pueden ser muchos: el control del territorio o la liquidación de cuentas pendientes. Lo que es cierto es que han desembocado una violencia inédita para la región.
La disputa, las balaceras, los enfrentamientos, las decapitaciones, los levantones se están registrando en la zona rural de estos municipios, principalmente en la del municipio de Chilapa.
La franja de comunidades (El Paraíso, Santa Catarina, San Ángel, Ayahualulco, Atzacualoya, El Jaguey y otras más), que conectan a Chilapa con Quechultenango es el principal escenario de la guerra y centro de operaciones de estos grupos delincuenciales. Muchas de esas localidades, incluso, se han convertido intransitables.
Desde el año pasado, por ejemplo, la comunidad de Ayahualulco, la principal proveedora de artesanías elaboradas con hojas de maíz y palma, carece de transporte público. Un grupo criminal levantó a cuatro choferes de las urban que corrían de la localidad a Chilapa y desde entonces se canceló ese servicio.
En esa comunidad se han presentado enfrentamientos; los grupos se han dejado mensajes en cuerpos descuartizados. También ambos grupos acusan a los pobladores de apoyar a su oponente.
En esa misma franja, en diciembre pasado, profesores de 110 escuelas básicas levantaron actas administrativas para suspender clases. El motivo: la disputa entre criminales provocó la cancelación de varias rutas del transporte público.
Días antes, se vivieron los momentos más intensos de la lucha: el 26 de noviembre levantaron a cinco pobladores de Chilapa en las cercanías de la comunidad de El Jaguey; un día después, en un camino que conduce a la comunidad de Ayahualulco, tiraron 11 cuerpos decapitados y semicalcinados. Y dos días después, rumbo a la localidad de Acatlán se hallaron otros cinco cuerpos en las misma condiciones.
Pero la disputa no sólo se reduce a los enfrentamientos en los caminos de estas localidades. También se representan en el control de ellas.
La noche del 8 de febrero de este año, la policía comunitaria que se conformó en Chilapa, José Joaquín Herrero y Zitlala, entró a la comunidad de San Jerónimo Palantla y se enfrentó a balazos con sus pobladores.
Según comunitarios llegaron esa noche a San Jerónimo para negociar la liberación de sus dos compañeros, Isaac Xochitempa y Rufino Orgín. Ambos estaban detenidos por ordenes del comisario municipal, Alfonso Orgín Calvario.
La detención de los comunitarios de San Jerónimo fue una respuesta del comisario por haber aprehendido a Antonio Bolaños Calvario, quien según la Policía comunitaria amenazó de muerte a una mujer de la misma comunidad. Pero también, sobre la detención de Bolaños Calvario, existe la versión de que lo detuvieron porque lo encontraron en el cultivo de amapola.
“En el fondo de estos hechos (el enfrentamiento) se encuentran el control sobre la siembra y cultivo de droga, además de la introducción y venta de armas por parte de estas personas integrantes del grupo delictivo de Los Rojos que actualmente operan en el corredor Chilpancingo, Tixtla, Chilapa y Tlapa con la total complacencia de las autoridades gubernamentales”, dijo la CRAC-PF el mismo día en que ofreció la conferencia de prensa en Ayahualtempa, como para despejar dudas.
Y precisó aún más: “En San Jerónimo Palantla opera una célula del grupo delictivos Los Rojos, por ello la reacción y el uso de una parte de la población por parte del grupo mencionado para no admitir a la policía comunitaria, puesto que su presencia significa la erradicación de los grupos delictivos”.
San Jerónimo Palantla se encuentra geográficamente en medio de la disputa que mantienen Los Rojos y Los Ardillos, grupos criminales que pelean el control del municipio. Toda esa carretera que comienza en la comunidad de Atzacoalaya, pasa por San Jerónimo y llega al municipio de José Joaquín Herrera, está bordeada de comunidades que, por lado, colindan con el municipio de Quechultenango, donde residen Los Ardillos y, del otro, comunidades que llevan a la carretera federal que conduce a Tlapa, que constituye el corredor que la CRAC dice está bajo el control de Los Rojos.
–Para acá nadie quiere venir, ni las autoridades quieren venir de día, menos en la noche –dice un mando del Ejército que atestiguó la mesa de trabajo que encabezaron integrantes de la CRAC y el grupo del comisario para firmar la paz. 