Que el procurador de la República, Jesús Murillo Karam, y el presidente Enrique Peña Nieto estén cansados y enojados es muestra de la incapacidad e ineficiencia para dar a los padres y familiares de los estudiantes normalistas desaparecidos, versiones creíbles sobre su paradero. Se la han pasado, debido al retraso en el inicio de las investigaciones por las autoridades federales, reduciendo el problema de las desapariciones al ámbito local y en particular, en la pareja imperial, en las policías de Iguala y Cocula y en el grupo delictivo de los Guerreros Unidos.

Para la PGR y, desde luego, también para la Presidencia de la República fue simplemente un exceso de autoridad y un fuera de control en los mandos policíacos. Sin embargo, aun cuando se argumente la inexistencia del mando único en Iguala, las autoridades municipales acatan sin ningún problema la superioridad de las federales, en este sentido, la policía federal y el Ejército Mexicano, siendo éstas ajenas (por omisión) al conflicto a pesar de estar físicamente a no más de tres minutos de los hechos del 26 y 27 de septiembre pasado. Por lo que la investigación que ha dado lugar y bajo la responsabilidad de la PGR, es cuando menos parcial y por ende sesgada con fines de deslindar a las autoridades federales de estos acontecimientos sangrientos, incluso, se pretende limpiar la imagen, mucho muy sucia y abollada por cierto, de Peña Nieto.

Han transcurrido casi dos meses, 60 días, y Murillo Karam sigue sin dar resultados que satisfagan a padres y familiares de los 43 desaparecidos. Por el contrario, al no contar con la opinión y de grandes contingentes sociales de México y del mundo, ahora, uno, dice estar cansado y el otro, el presidente, se muestra enojado y alterado por la suma de dos problemas más donde la familia presidencial se encuentra involucrada. Pero no nos perdamos por el momento, distintos organismos internacionales de derechos humanos, ONU, Parlamento Europeo y otros  muchos más, han calificado los hechos sangrientos y sus secuelas como un delito de lesa humanidad, porque las desapariciones fueron obra de aparatos policíacos del Estado mexicano y más aún cuando este tipo de delitos no prescriben en el tiempo y, en este caso, hasta que no aparezcan los estudiantes normalistas.

Cuando el presidente Peña Nieto dio su primer mensaje a nivel nacional, seco, hostil y enfadado, nunca imaginó las consecuencias de su intervención tardía en la investigación. A casi 60 días, tiene ante su vista el movimiento social más grande en el país después de la Revolución Mexicana y del Movimiento Estudiantil de 1968. Pero además, lo construido en casi dos años de su gobierno, con la aprobación de las reformas estructurales, se le ha venido derrumbando como un gigante con pies de barro. El entusiasmo esperado, principalmente en el sector eléctrico y sector petrolero, no se ha manifestado ni tampoco se conoce públicamente alguno. No pasa de ser meramente discursivo como justificativo de la apertura a la modernidad y el de un alto grado en la competitividad internacional de un gobierno de la talla de Peña Nieto. Simple y llanamente hueco, vano.

El gran capital extranjero, para invertir necesita que el país donde van a desembolsar tenga condiciones de paz y el gobierno sea el garante de la seguridad de sus trabajadores connacionales y de las instalaciones o de las plantas productivas. Éste es el problema al que se enfrenta Peña Nieto: debe dar pronto mensajes de certeza y seguridad a los  inversionistas que vienen del extranjero, principalmente. Por eso, en los últimos días el presidente, a su regreso de China y Australia, empezó con declaraciones amenazantes dirigidas a los manifestantes y supuestamente más contra la violencia que se deriva del descontento social.

Pero que nadie se preste al engaño. Desde las oscuras cloacas del gobierno peñanietista se instrumenta la represión en contra del movimiento social en torno a la lucha por la aparición de los 43 estudiantes normalistas, ahora con una demanda que crece y crece exigiendo la salida de Peña Nieto. Hay una estrategia, inició con ignorar ciertas violaciones a la ley y a la convivencia social, hasta llegar al grado de que ciertos sectores sociales solicitan el uso de la fuerza a las autoridades federales o a declaraciones como la hecha por el presidente de la Coparmex de Guerrero al decir que los daños de las protestas de los normalistas les ocasionaban más daños a los empresarios que los provocados por el crimen organizado. La presencia de la policía es cada vez más evidente a lo largo de las manifestaciones, ubicados en las calles aledañas. Un tercer elemento es el uso moderado de la fuerza policíaca, pero al término de las protestas, se da una persecución para su definitiva dispersión de los manifestantes. Y la presencia de infiltrados, ahora, es más frecuente. Lo que falta, es una provocación de grandes dimensiones para una represión fulminante, masiva y selectiva. Este paso, deberá ser una decisión de Peña Nieto con la asistencia del aparato de seguridad nacional. El eje motivador es la continuación del modelo económico que dice impulsar, apuntalará y consolidará.

El otro de los motivos que lo tienen al borde la histeria es el escándalo de la Casa Blanca, según una propiedad de la señora Angélica Rivera, su esposa. Un aquelarre que no se ha resuelto, debido a las dudas que surgen a partir de la investigación de Aristegui-Noticias y de la supuesta aclaración de la primera dama. Un problema que tiene su punto de flexión en la corrupción, impunidad, conflicto de intereses, enriquecimiento inexplicable, información privilegiada y más delitos que surjan. Peña hizo su declaración patrimonial y resultó que es el ceniciento de un cuento basado en el surrealismo mexicano de hoy.