A punto de cumplirse nueve meses de la detención-desaparición de los 43 estudiantes normalistas y el asesinato de tres de ellos por la policía municipal de Iguala, el 26 de septiembre de 2014, no hay avance en la investigación. La “verdad histórica” presentada por la Procuraduría General de la República (PGR) el 7 de noviembre, se fue desvaneciendo hasta perder credibilidad ante la opinión pública.
La versión oficial levantó más sospecha que confianza, sobre todo a partir de que el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) la refutó, con el respaldo de los padres de los 43 normalistas desaparecidos, quienes buscaron apoyo internacional para que no se cerrara el caso, como lo pretendía hacer el gobierno federal.
Como parte de esta estrategia, estudiantes y padres de familia recorrieron Estados Unidos, Europa y América del Sur, donde se reunieron con activistas, académicos, organizaciones sociales y abuelas de la Plaza de Mayo de Argentina.
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El sábado 7 de febrero, el EAAF estableció que el caso no podía cerrarse, debido a que se cometieron numerosas irregularidades en las indagaciones realizadas por la PGR. “Hasta el momento, el EAAF aún no tiene evidencia científica para establecer que, en el basurero de Cócula, existan restos humanos que correspondan a los normalistas”, explicaron los especialistas un comunicado.
Agregaron: “No existen elementos científicos suficientes, por el momento, para vincular los restos hallados en el basurero con aquellos recuperados, según la Procuraduría General de la República, en el Río San Juan”.
El 27 de enero, un día después de la megamarcha de organizaciones sociales, estudiantes y religiosos, entre otros, salió el entonces procurador general de la República, Jesús Murillo Karam, ante los medios para dar a conocer la conclusión de la investigación y la llamó “Verdad Histórica”. Ahí anunció que había suficientes pruebas científicas para concluir que los estudiantes detenidos fueron asesinados por miembros del grupo criminal Guerreros Unidos en un basurero y, posteriormente, sus cenizas fueron esparcidas en un río aledaño.
Los forenses argentinos denunciaron no haber estado presentes cuando se recuperó la bolsa con fragmentos óseos del río San Juan, ni tampoco durante una diligencia realizada el 15 de noviembre donde se recogió evidencia consistente en 42 elementos balísticos, muestras de tierra y otros elementos no biológicos.
“En experiencia del EAAF, es inusual tener diferencias entre laboratorios de análisis de ADN en lo que se refiere a perfiles genéticos que emanan de muestras de sangre tomadas directamente a familiares, ya que el procesamiento de las mismas es sencillo”, señalaron en el comunicado.
Los peritos también indicaron que en el basurero donde presuntamente fueron quemados los normalistas, ha habido otros eventos de fuego en fechas anteriores.
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El 14 de marzo salió la caravana de familiares de los 43 desaparecidos, estudiantes y abogados a una gira por 43 ciudades de Estados Unidos, donde difundieron su situación ante las instituciones de ese país, organizaciones internacionales y la comunidad latina.
La gira, denominada Caravana 43, tuvo tres puntos de partida: las ciudades de San Antonio, McAllen y El Paso, en el estado de Texas, desde donde los que familiares, abogados y allegados partieron en tres rutas distintas: una por los estados centrales y las otras por las costas este y oeste.
La gira duró tres semanas y marcó el inicio de una serie de actividades encaminadas a visibilizar su problemática en el exterior.
El 15 de abril, partió a Europa otra delegación. El recorrido inició el viernes 17 de abril en Noruega, y finalizó el 19 de mayo en Inglaterra, luego de visitar Suecia, Finlandia, Alemania, Austria, Italia, Suiza, Francia, España, Bélgica y Holanda, donde la comitiva recibió apoyo en las marchas, mítines frente a embajadas y consulados mexicanos, además de encuentro en las universidades y organizaciones sociales.
En la comitiva de Ayotzinapa iban Eleucadio Ortega Carlos, padre de Mauricio Ortega Valerio, uno de los 43 normalistas desaparecidos; Omar García, estudiante de la Normal de Ayotzinapa, y Román Hernández, abogado del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan.
La delegación sostuvo reuniones con estudiantes, organizaciones sociales y sindicales, a quienes les pidieron observar la situación de los derechos humanos en México y la exigencia al gobierno mexicano a no reprimir a los normalistas, padres y madres de familia de los 43 jóvenes desaparecidos, y el movimiento social que exige la presentación con vida de las víctimas.
Al cumplir ocho meses de la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa, los familiares de los estudiantes salieron en lo que se llamó Caravana Sudamericana 43, por Argentina, Brasil y Uruguay con el objetivo de difundir los hechos, denunciar la impunidad y buscar solidaridad en otras latitudes del continente.
La caravana, que inició en Córdoba y Rosario, Argentina, luego Buenos Aires, el sábado 23 de mayo, padres de los normalistas desparecidos y estudiantes narraron el crimen cometido contra los 43 estudiantes, así como los hechos que siguieron a su desaparición.
La delegación la integraron tres padres y un estudiante sobreviviente del ataque realizado por policías municipales de Iguala: Hilda Hernández Rivera y Mario César González Contreras (padres de Cesar Manuel González Hernández), Hilda Legideño Vargas (mamá de Jorge Antonio Tizapa Legideño) y Francisco Sánchez Nava.
Sánchez Nava dijo que no los dejaran solos en la lucha por sus compañeros: “Quítense la idea que todos los jóvenes hacemos esto por revoltosos o por andar de guerrilleros o agitadores como dicen. No es eso, simplemente es decir la verdad, es decir que no haya injusticias con nuestros pueblos, con nuestra gente, y pues que, sigan luchando por el México que les queda a ellos también, así como lo estamos haciendo todos”.
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Después de que la hipótesis de la fiscalía se desmoronó, por la presión del movimiento a favor de Ayotzinapa a escala nacional e internacional, el Ejército entró en la escena al señalar que un normalista desaparecido era soldado en activo.
Los padres de los 43 normalistas desaparecidos dijeron que la versión gubernamental el Estado mexicano está creando una cortina de humo para generar división al interior del movimiento que lleva casi nueves meses buscando a sus hijos.
El miércoles de la semana pasada, la Agencia Proceso dio a conocer que tras una solicitud de información, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) confirmó que uno de los 43 normalistas estaba dado de alta como soldado en activo, pero no reveló su identidad presuntamente por motivos de seguridad. La información se publicó en estas páginas este jueves.
El viernes, en conferencia de prensa en las instalaciones de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, los representantes de los padres de los estudiantes desaparecidos, Felipe de la Cruz, Melitón Ortega, Emiliano Navarrete, el secretario técnico de la Red Guerrerense de Derechos Humanos, Manuel Olivares, y el estudiante Carlos Martínez desmintieron esa información, y aseguraron que la intención de la Sedena es fracturar al movimiento de manera interna.
Hasta la fecha, la investigación sigue sin aclarar nada a pesar de que el grupo interdisciplinario de expertos independientes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que da asesoría al Estado mexicano en el tema de los normalistas de Ayotzinapa llamó a las autoridades judiciales a analizarlo como un posible caso de desaparición forzada y no sólo por homicidio, secuestro y delincuencia organizada.