El Comité contra la Desaparición Forzada (CDF), de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), solicitó al gobierno de Enrique Peña Nieto una acción urgente para que investigue, procese e imponga las sanciones “adecuadas” por la desaparición de 11 personas durante la irrupción de unos 300 civiles armados en mayo pasado en Chilapa.
En un oficio fechado el 24 de julio, cuya copia fue enviada a los familiares de los desaparecidos, el CDF manifiesta su preocupación por la situación física y sicológica de esos desaparecidos. El documento lo firma el presidente de dicho Comité, Emmanuel Decaux.
En el oficio, la instancia apunta que, de acuerdo con la información disponible, las desapariciones sucedieron en “plena luz de día, y bajo la mirada de la Policía Estatal, la Policía Federal, la Gendarmería y el Ejército, requiere la acción urgente del Estado para buscar y localizar a las personas desaparecidas”.
“El Comité expresa grave preocupación por la integridad física y psicológica de estos 11 hombres jóvenes, desaparecidos entre el 11 y 14 de mayo, tras su captura por civiles armados en presencia de la Fuerza Estatal (Policía Estatal), Ejército mexicano (soldados) y la Gendarmería (policías federales)”, plantea.
Y agrega: “Teniendo en cuenta la urgencia de estos 11 casos, el Comité insta al gobierno de su Excelencia adopte todas las medidas necesarias para aclarar la supuesta desaparición forzada de estas 11 personas, a investigar, procesar e imponer las sanciones adecuadas a las personas responsables de las violaciones alegadas”.
El Comité pide al gobierno federal la información que se ha generado por las investigaciones de estas desapariciones antes del 21 de agosto de este año; también le recuerda al gobierno de Peña Nieto que el Estado mexicano ratificó en 2007 la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra la Desaparición Forzada.
El 15 de junio, personal de la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de la Organización de la Naciones Unidas (ONU) estuvo en Chilapa para documentar los casos de desapariciones que se ocurrieron durante la irrupción de los civiles armados.
En esa ocasión, sólo se documentaron 11 casos porque fueron los que asistieron.
Desde el 11 de mayo, pobladores de la cabecera municipal han denunciado la desaparición de 30 personas, de las cuales, hasta ahora, sólo familiares de 14 presentaron la denuncia penal.
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La tarde del sábado 9 de mayo, intempestivamente llegaron unos 300 hombres armados en decenas de camionetas a la ciudad. Se apoderaron de la Secretaría de Seguridad Pública y a los policías municipales los desarmaron.
En el bulevar instalaron un retén donde registraron taxis, urban, carros particulares y comercios y bares. Durante los siguientes cinco días tomaron el control de la ciudad. Todo a la vista del Ejército, la Gendarmería y la Policía Estatal.
Los civiles armados informaron que provenían de 16 comunidades de Chilapa. Casi todas ubicadas en la franja donde se concentra la disputa entre Los Rojos y Los Ardillos. Se autodenominaron como comunitarios.
La irrupción de los civiles armados en la cabecera municipal fue un efecto, no la causa.
Un hombre moreno, robusto, con el rostro cubierto con un paliacate y con un arma en la cintura resume la razón de la irrupción en Chilapa: la detención del líder del grupo criminal Los Rojos, Zenén Nava Sánchez El Chaparro. Una cacería pues.
Este hombre, quien pidió que se le identificará como “comandante”, es el responsable de la guardia que hacen la mañana del domingo en la entrada de la ciudad.
“Nosotros estamos acá porque ya perdimos a un hermano, a un padre, a un hijo, a una esposa”, dijo el “comandante” y responsabilizó de todo a Los Rojos.
Y continuó: “Nosotros siempre hemos estado diciendo lo que pasa (la violencia) y venimos a ver a los de la Gendarmería y nos dicen que denunciemos. Denunciamos y no pasa nada”.
El origen de los civiles armados siempre estuvo bajo sospecha. Desde el inicio se les relacionó con Los Ardillos. Razones eran varias, por ejemplo: su procedencia, El Jagüey, San Ángel, Ayahualulco, Xiloxuchicán, comunidades que están bajo el control de ese grupo delictivo.
Pero la sospecha mayor surgió cuando comenzaron las desapariciones. Se consolidó cuando se fueron: se retiraron sin entregar a los detenidos.
Desde entonces, en Chilapa tomó relevancia el tema de los desaparecidos.
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El CDF documentará las desapariciones de personas que se dieron antes de la irrupción de los civiles armados en Chilapa, las cuales podrían ser 30.
El vocero de los familiares desaparecidos, José Díaz Navarro, informó que el CDF les solicitó información de las personas que desaparecieron antes de mayo, y explicó que de acuerdo al registro que elaboraron, documentaron la desaparición de 30 personas ocurridas antes de los hechos de mayo.
De estas 30 desapariciones, 12 ya fueron denunciadas penalmente en la última instalación de las mesas de atención.
En julio (los días 13, 14 y 15), a solicitud de los familiares de desaparecidos, la Secretaría de Gobernación (Segob) y la Procuraduría General de la República (PGR) reinstalaron las mesas de atención del grupo multidisciplinario integrado por personal especializado en genética, criminalística y agentes del Ministerio Público.
En esa ocasión sólo acudieron familiares de 12 personas a presentar querellas por desaparición.
Sin embargo, el vocero indicó que solicitaran de nuevo la presencia del grupo multidisciplinario para se realicen las denuncias por 18 personas desaparecidas que faltan, porque ya están documentadas, incluso aseguró, ya realizaron las relatorías.
Estas relatorías, junto con las tres que restaron de las 14 desapariciones ocurridas durante las irrupción de los civiles armados, informó Díaz Navarro, serán enviadas al CDF para que también solicite al gobierno de Enrique Peña Nieto una acción urgente para la presentación de estas personas.
En Chilapa, desde el 11 de mayo se intensificaron las denuncias por desaparición. Desde ese día a la fecha ha sido denunciadas penalmente 50 desapariciones.
La cifra a detalle: las 12 desapariciones denunciadas en las última instalación de las mesas de atención del grupo multidisciplinario, las 14 de las personas que desaparecieron durante la irrupción de los civiles armados, las de los tres jóvenes indígenas ocurridas en diciembre pasado, más la del antropólogo desaparecido en marzo pasado y las 20 que el comisario de Xiloxuchicán, José Apolinio Villanueva Jiménez, informó que hicieron pobladores de diferentes comunidades.
Y por denunciar podrían ser 44. Es decir, las 18 que faltan del registro que elaboró el vocero Díaz Navarro, las 16 que se dieron durante la irrupción de los civiles armados y las 10 que el comisario de Xiloxuchicán dijo que faltan por presentar.
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Díaz Navarro lamenta la falta de resultados en la investigación que realiza el gobierno federal y considera que estas desapariciones pintan para ser otro caso más de impunidad en el país.
Consultado sobre los avances en la investigación de las desapariciones que se dieron durante los cinco días en que civiles armados tomaron el control de la ciudad, el vocero deplora que hasta el momento ni la Segob ni la PGR, dependencias que instalaron mesas de atención en la ciudad, les den información concreta sobre el paradero de sus parientes.
Lamenta que a más de dos mes de haber interpuesto las denuncias, el MP del fueron común aún no haya enviado los expedientes a la PGR, y apunta que en el MP les informaron que apenas serán enviados a Chilapancingo, para después remitirlo a las oficinas de la PGR en la ciudad de México.
Refiere que la denuncia y su ampliación, los familiares de las 14 personas desaparecidas durante la estancia de los civiles armados en la ciudad, la realizaron el 18 de mayo.
Ese día, en una de las manifestaciones de los familiares de los desaparecidos en las instalaciones de la Dirección de Seguridad Pública municipal, el titular de la agencia del MP en Chilapa, Agustín Peña Fajardo, les dijo que en cuanto realizaran la ampliación de sus denuncias enviaría los expedientes a la PGR.
Díaz Navarro se quejó de la lentitud con la que tanto autoridades estatales como federales llevan la investigación de sus parientes desaparecidos.
Incluso, no descarta que las desapariciones que se han dado en Chilapa queden impunes. “…esto ya se olvidó, un caso más de impunidad lo definiría ya como los cientos de casos que hay de homicidios y desapariciones y de secuestros que no se investiga nada, esto pinta para ser un caso más”, teme el vocero.
El 20 de mayo, el comisionado general de la Policía Federal, Enrique Galindo Caballero, se reunió con los familiares de los desaparecidos y ofreció investigar las desapariciones.
Al día siguiente, llegaron a la ciudad personal especializado de la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Segob y de la Oficina de Atención a Víctimas de la PF, a instalar mesas de atención, donde tomaron muestras de ADN y recogieron la declaraciones de los familiares de las 16 personas desaparecidas durante la irrupción de los civiles armados.
Hasta ahora no hay ningún resultado concreto: no se sabe si los desaparecidos están vivos o muertos.
La falta de resultados están surcando en el ánimo de los familiares de los desaparecidos.
Por ejemplo, el señor Miguel Sánchez, padre de Miguel, narró que su hijo desapareció el 12 de diciembre de 2014 en la cabecera municipal. Miguel, según contó su padre, se dedica a la albañilería.
A siete meses de su desaparición, el padre de Miguel dice que no tiene ninguna información sobre el paradero de su hijo.
Y a estas alturas, el señor Miguel, asegura que lo único que quieres es que le entreguen a su hijo, aunque sea muerto. 