La omnipresencia de la corrupción en la vida del país se debe, principalmente, a la debilidad de las instituciones del Estado mexicano. En los dos y medio años del gobierno del presidente Enrique Peña Nieto se ha multiplicado y ampliado de tal forma que no hay duda en la ciudadanía de su plena existencia en este régimen desde su nacimiento. Es más, sus antecedentes vienen desde antes, siendo gobernador del Estado de México

Pero los antecedentes de Peña Nieto en la mar de la corrupción los abrevó en el Grupo Atlacomulco, organización nacida entre políticos mexiquenses y fundada por Isidro Fabela, destacado académico e historiador, y por muchos años, miembro del servicio exterior del gobierno mexicano.

Es en este grupo que surgieron personajes como el profesor Carlos Hank González, quien por su paso en la gubernatura, en la dirección de Conasupo y por la jefatura del gobierno del Distrito Federal, y muchos otros puestos de funcionario público aprovechó para crear innumerables empresas de distinto giro comercial vendiéndole al propio gobierno todo tipo de insumos, transportes, alimentos, etcétera, etcétera, incrementando inversiones y ganancias.

Es a quien se le adjudica la famosa frase que siguen fielmente todos los políticos de todos los signos ideológicos existentes, pero que pocos, muy pocos, escapan al canto de la siguiente frase: “un político pobre es un pobre político”. Recuérdese que Hank González inició su vida pública como profesor de enseñanza primaria y director de escuela en el pueblo de Atlacomulco, lugar de su nacimiento.

Un tío de Peña, el exgobernador Arturo Montiel Rojas, ha sido señalado de corrupción por utilizar recursos económicos para fines privados. Incluso se sabe que tiene un castillo de su propiedad en Francia que lleva el nombre de El Castillo de Montiel. Siempre ha estado vinculado en actos de corrupción y de los cuales nunca se le han demostrado públicamente.

En esta perspectiva, se entiende que el presidente Peña Nieto tuvo durante su juventud el ejemplo de estos personajes de la política mexicana, unos auténticos expertos para utilizar el erario para la bolsa personal. En Peña Nieto le queda bastante bien el refrán popular de: “el que con lobos anda a aullar se enseña”. Ni mandado hacer. Y si es así, entonces, hay concurrencia con la declaración de Peña en el sentido que la corrupción en México es un asunto de herencia cultural. Sin embargo, esta afirmación es diametralmente opuesta a la que sostiene que la corrupción se debe a la debilidad de las instituciones estatales. Y es a esta última, por su verosimilitud, la de mayor consenso.

Por eso, desde su arribo a la gubernatura del Estado de México se rodeó de incondicionales y amigos, receta que repitió en la presidencia de la República. Empezó por utilizar los recursos económicos de la entidad federativa como la manipulación de las instituciones locales para abonar el terreno de su ascenso político. Las instituciones fueron utilizadas a un propósito estrictamente personal: lograr la transición de gobernador a la silla presidencial, hecho que logró en diciembre de 2012.

Con este propósito, el presidente se apoyó en las dos grandes empresas televisoras del país para difundir sus acciones e imagen políticas. No hubo medio impreso o electrónico que no llenara de propaganda (disfrazada de noticias informativas realizadas por reporteros profesionales) lo que eran inserciones informativas pagadas con dinero público.

Con el escape espectacular (sin hacer apología, pero contundente y demoledor contra el gobierno de Peña Nieto) de Joaquín El Chapo Guzmán de la cárcel de máxima seguridad El Altiplano, y con el fin de disminuir los altos costos políticos, ha usado a los conductores de los noticiarios en televisión abierta y de paga para ir desviando la atención de los ciudadanos en asuntos irrelevantes para la vida pública y cívica pero sumamente morbosos, por ejemplo, el pleito del Piojo con el comentarista Martinolli, que finalmente terminó con el despido de un entrenador que, en el fondo, no respondió a las expectativas (ganancias en buen castellano) de los dueños del futbol en México. También usaron subrepticiamente la probable expulsión de Laura Brozo, conductora detestable por la escasa o nula ayuda a ser mejores ciudadanos en este país. Pero no ha habido progreso con estas intencionalidades que encueran al gobierno de este país.

En este mismo sentido, la mayoría de estos conductores o lectores de noticias, al mismo tiempo iniciaron una campaña a propósito del debate entre los candidatos panistas para ocupar la presidencia del partido blanquiazul, y, como la mayoría de los medios impresos de mayor influencia en el país, no le dio casi ninguna importancia, pues, ahora, estos comentaristas afilan navajas para crear artificialmente un hecho intrascendente en un hecho casi de destino de México. Sin embargo, ante los ojos de los ciudadanos, los días pasan y se han hecho semanas y, por lo que se ve, se harán meses y años, ante la incapacidad e ineficiencia de este gobierno, por recapturar a El Chapo Guzmán.

Ante la imposibilidad de disminuir la atención de los ciudadanos sobre la huida del Chapo, se arriesgó a presentar bajo los reflectores de los escribientes y opinadores infaltables e incondicionales del poder público, y al mismo tiempo, difundieron lo que para el gobierno federal llama fue un triunfo de las decisiones del presidente Peña: la aprobación por el Congreso local con la complicidad del gobernador Gabino Cué, de un nuevo Instituto de Educación Pública de Oaxaca, un nuevo IEPO en sustitución del IEPO de la Sección XXII del SNTE en Oaxaca.

No hubo quien no participara en el concierto de Peña Nieto y el secretario de Educación federal, Emilio Chauyfett, parecía un auténtico defensor de la República y de la soberanía de los estados que la conforman. Todo esto también, como ya se dijo, con el propósito de desviar la atención de los ciudadanos sobre el escape de Joaquín Guzmán, de una de las cárceles de máxima seguridad y copia fiel de los modelos carcelarios de Estados Unidos.

Pero tal es la debilidad del gobierno de Peña Nieto que no sabe qué hacer. Se enfrenta por igual a una creciente devaluación del peso ante el dólar. Cierto, la próxima alza en la tasa de interés en los Estados Unidos, ha generado en un gran número de países que las monedas respectivas se vayan devaluando y equilibrándose en torno al dólar americano. Sin embargo, el deslizamiento del peso mexicano no se detenía y el gobierno no actuaba, esperando la estabilidad de cambio sujeta a la oferta y demanda, pero fue necesaria la intervención del gobierno y colocar en el mercado 200 millones de dólares diarios (hasta un total de dos mil 600 millones de dólares) a partir de este viernes 31 de julio con el fin de detener la caída de la moneda nacional, que en los últimos cinco meses ha pasado de los 12.50 a los 16.60 pesos por dólar.

La inseguridad pública en casi todo el territorio nacional, y focalizada en lugares altamente sensibles por su gran ventana al mundo, provoca que los inversionistas nacionales y extranjeros duden en participar en algunos de los sectores económicos, particularmente abiertos al capital privado con la aprobación de las reformas estructurales. De doce empresas que habían aceptado en principio participar en los espacios energéticos de la ronda 1, al final sólo dos aceptaron.

Esta problemática tiene su origen, en principio, en la suma de desaciertos en la aplicación de las políticas públicas de gobiernos desde que asumieron la nueva acumulación del capital, impuesta en México en 1982, en el gobierno de Miguel de la Madrid, y fortalecida en los gobiernos de Carlos Salinas de Gortari y Ernesto Zedillo. Pero la corrupción no dejó de manifestarse en la vida pública. Con José López Portillo se habló de “La Solución (Corrupción) somos todos”, Con De la Madrid: “Por la renovación moral”, sin llegar nunca a concretarla. Salinas y su hermano incómodo se apropiaron de recursos públicos y Carlos de la partida secreta, consistente en cientos de miles de millones de pesos a lo largo de su sexenio.

Ni Vicente Fox ni Calderón Hinojosa, presidentes de filiación panista, hicieron algo en contra de la corrupción. Por el contrario, hicieron mucho por apropiarse de recursos del erario público, que sería aburrido y tedioso, por ahora, dar cuenta pormenorizada de sus acciones corruptoras.

En todos estos regímenes, las instituciones nunca fueron eficientes en el cumplimiento de su deber. Con subterfugios lograron superar a las exigencias de la ciudadanía (“haiga sido como haiga sido”, dijo Calderón para evadir responsabilidades de la más importante investidura del país). La coartada entre presidentes priistas o panistas ha sido el combate a la pobreza entre la población mexicana.

Si con Salinas se habló de un poco más de la mitad de la población en pobreza y de esta alrededor de los 30 millones en pobreza extrema con una población total de cien millones de habitantes en el territorio nacional. Ahora, después de dos décadas, con una población de 120 millones de mexicanos, 80 millones se hallan en pobreza y de estos más de la mitad en pobreza extrema. Para tener una idea del problema habría que señalar que los mexicanos en pobreza extrema tienen ingresos diarios menores a tres dólares. No tienen acceso a la canasta básica y en otros rubros, salud y un lugar digno para vivir.

Los costos de la corrupción son lo bastante altos como para observar la crispación y la desesperanza de la ciudadanía. Si se dice que hay políticas de combate a la pobreza, simplemente las instituciones destinadas para este fin no funcionan. La pobreza va en aumento. Por eso, es cierta la opinión de investigadores sociales en el sentido de que el modelo adoptado desde 1982, ha dado más pobres y los ricos disminuyen. En otras palabras, hay una distribución inequitativa de la riqueza, a los ricos los ha hecho más ricos y a los pobres más pobres. La brecha entre pobres y ricos se sigue ampliando y profundizándose. Y no se observan prontas soluciones. Sólo la presencia de la corrupción puede ayudar a la comprensión de estos fenómenos sin respuestas ciertas.

Si se recurre a conocer otras instituciones que el Estado mexicano se ha dado, éstas tienen el mismo comportamiento, es una práctica generalizada. Las instituciones dirigidas a la aplicación de la seguridad pública y justicia están tan infiltradas por el crimen organizado y la corrupción, que los ciudadanos temen a policías estatales o federales, incluso a las Fuerzas Armadas, y no se diga de los funcionarios que atienden a los ciudadanos en procuradurías o fiscalías, no importa. La experiencia indica que en esos lugares no hay solución a las demandas de justicia.

En el emblemático caso de los 43 estudiantes desaparecidos de la Normal de Ayotzinapa, sigue sin resolverse. Organizaciones no gubernamentales, instituciones nacionales e internacionales en derechos humanos y los propios padres y familiares de los jóvenes estudiantes, solicitan y exigen que las investigaciones se dirijan con base en la figura jurídica de desaparición forzada e investigar al Ejército Mexicano, principalmente, el Batallón de Infantería ubicado en la ciudad de Iguala, Guerrero, pero el gobierno federal, por medio de la Presidencia de la República y la Secretaría de Gobernación existe una terquedad a no aceptar esta petición.

Han transcurrido más de 10 meses, y el gobierno sigue apostándole al olvido y al cansancio de los padres y prolongando jurídicamente el proceso de investigación. Debido a este hecho, se verifica y comprueba la ausencia de las instituciones de seguridad pública y justicia.

Desde hace tiempo, la imagen que pretende presentar Peña Nieto al país, y fuera de él, es la de un gobernante que tiene en sus manos los hilos del poder o “los nervios del gobierno”. Pero nada tan falso, porque la opinión de los ciudadanos es totalmente distinta. Se le ha cuestionado la deshonestidad y se le exige transparencia institucional ante la opacidad en muchos asuntos de Estado. Pero cuando se conoció públicamente la propiedad de la Casa Blanca, adquirida mediante un procedimiento opaco a la luz de la opinión pública, se sospecha de un conflicto de interés grave para el gobierno y sus finanzas.

El Grupo Higa mantiene relaciones de negocios con Peña Nieto desde sus tiempos de gobernador. La empresa se ha visto favorecida gracias a numerosos contratos de construcción por miles de millones de pesos. Y se sospecha de “moches”, una práctica común en el gobierno. La esposa Angélica Rivera, luego, apareció como propietaria de la mansión, con un costo superior a los cien millones de pesos.

En su momento, la señora Rivera “aclaró” cómo se había hecho propietaria del inmueble, aclaración que fue insatisfactoria e insuficiente. Recurrió a una indemnización obtenida por su trabajo en Televisa a lo largo de dos décadas. Pero es obvio que no podía ascender a la friolera del centenar de miles de pesos. Este caso obligó al presidente Peña a hacer su declaración patrimonial, y así, sin embargo, no declaró una segunda propiedad en Valle de Bravo, también obtenida con la intermediación del Grupo Higa.

Pero sus amigos Videgaray y Osorio Chong, secretarios de Hacienda y Gobernación, respectivamente, no podían quedar atrás. También se apuntaron con una casa cada uno, el primero, en el pueblo de Malinalco, pueblo mágico en el Estado de México y, el segundo, en Las Lomas, colonia donde se ubica la Casa Blanca de Angélica Rivera, inmuebles obtenidos gracias al desinteresado Grupo Higa. Todo lo recibido a cambio de contratos de construcción en diversos estados de la república.

Hasta este momento de la historia de la corrupción en México, durante el sexenio de la presidencia de Peña Nieto, las consecuencias son graves, por una parte se suspendió definitivamente el tren rápido México-Querétaro y la ampliación del aeropuerto internacional quedó descapitalizada ante la falta de inversiones por varios miles de millones de dólares, lo cual retardará su construcción sensiblemente en el tiempo. Nunca se demostró documentalmente, de negro sobre blanco, las causas, razones o motivos de la suspensión definitiva del mencionado tren rápido, donde cabe decir, el Grupo Higa era una de los inversionistas en la construcción.

Pero si lo de arriba es importante por el impacto en las finanzas del gobierno, las consecuencias para las instituciones de seguridad pública y procuración de justicia, han dejado mucho que desear. Las fuerzas policíacas son inseguras para el cuidado de la población. Se les conoce como agrupaciones infiltradas por el crimen organizado y por la corrupción, agudizada por los bajos salarios, falta de adiestramiento y el cúmulo de componendas acumuladas por años debido a los vacíos jurídicos y elasticidades en la aplicación de los reglamentos.

Mientras el gobierno federal no acepte la investigación en las instalaciones del Ejército sobre los 43 estudiantes normalistas desaparecidos, el Ejército se mantendrá permanentemente en la crítica y sospecha de los ciudadanos, lo que lleva al descrédito y a la desconfianza de las fuerzas militares. Por eso, es sumamente sospechoso lo que hace el presidente de “maicearlos” y los “espaldarazos” siempre en cada discurso público, pero en el fondo las Fuerzas Armadas” son, precisamente, el pararrayos de los descréditos de Peña Nieto.

La fuga de Joaquín Guzmán Loera fue un golpe letal a la cabeza del gobierno, a Peña Nieto. Un golpe que confirma la mar de corrupción existente en el gobierno federal. En esas instituciones estatales que le dan legalidad y legitimidad política a todo Estado, pero el actual presidente ha pospuesto los asuntos del Estado republicano por otros de carácter privado. No hay duda, su mujer la señora Rivera lo ha llevado a aceptar condiciones que ponen en peligro la gobernabilidad del país. La Casa Blanca, la casa de Valle de Bravo, el silencio sobre las propiedades de Videgaray y Osorio Chong, y sus compromisos con el Grupo Higa. Pero son responsabilidad suya la resistencia a investigar hasta sus últimas consecuencias los hechos de la noche del 26 y madrugada del 27 de septiembre de 2014, negarse a investigarlas con base en el delito de desaparición forzada, la suspensión de construcciones importantes para el desarrollo del país, la devaluación del peso de aproximadamente 25 por ciento de su valor frente al dólar, y sólo faltaba la fuga del Chapo para caracterizar al gobierno de Peña Nieto como un gobierno que no manda en el país.