La noche del viernes 26 de febrero, se realizó en el Juzgado 67 del Distrito Federal una audiencia en la que la promotora de la Policía Comunitaria de Olinalá, Nestora Salgado García, sostuvo tres declaraciones preparatorias. La diligencia forma parte de un nuevo procedimiento judicial que pretende subsanar irregularidades e ilegalidades que se cometieron en el proceso que se le seguía a la líder comunitaria hasta esa noche.
Los jueces primero y segundo del ramo penal del Distrito Judicial de Morelos, con sede en Tlapa, que tienen a su cargo las causas penales 5/2014 (juez primero), así como la 196/2013 y 48/2014 (jueza segunda), por el delito de secuestro en contra de Nestora Salgado, resolvieron reponer el procedimiento porque valoraron nuevas pruebas que presentó la defensa.
Leonel Rivero Rodríguez, abogado de la promotora de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) en Olinalá, confió en que con este nuevo procedimiento, Salgado García podría salir libre en un plazo de 144 horas, que comenzaron a correr a partir del lunes 29 de febrero.
Incluso, calculó que la líder comunitaria podría salir libre entre el 6 y el 8 de marzo.
Informó que el proceso judicial contra Nestora se reencaminó a raíz de distintas pruebas que presentaron. Éstas son para acreditar que se violó su derecho a la asistencia consular por su condición de doble nacionalidad méxico-estadunidense. Que fue detenida ilegalmente por el Ejército y la Marina y no por la entonces Policía Judicial. Además, porque fue trasladada a un penal de alta seguridad (Tepic, Nayarit) por orden de la Secretaría de Seguridad Pública y no por un mandato judicial.
Si llegara a ocurrir lo declarado por el abogado Rivero el viernes 26 de febrero a distintos medios de comunicación, en el sentido de que los jueces primero y segundo del ramo penal del Distrito Judicial de Morelos, resolverán esta vez el auto de libertad de la líder de la CRAC, sería algo inusitado, insólito y hasta incomprensible, pues estarían resolviendo en contra de un poderoso grupo político, caciquil vinculado con la delincuencia organizada que viene gobernando el municipio de Olinalá desde la década de los ochenta y que se fortaleció en este gobierno de Héctor Astudillo Flores.
Incluso, el aparatoso operativo que se armó con el Ejército y la Marina para detener a la coordinadora de la CRAC el 21 de agosto del 2013, su inmediato traslado al penal de alta seguridad de Tepic, Nayarit, y el subsecuente viciado proceso judicial que se le siguió, muestran el poder político y económico que tiene el grupo político al que pertenece uno de los que acusan a Salgado García: el exalcalde y exsíndico de Olinalá Armando Patrón Jiménez.
Patrón Jiménez pertenece a un grupo compacto integrado por las familias Apreza, Patrón, Salgado y Sánchez, que lo mismo se mueven en el ámbito de la política que en el de la delincuencia organizada y que viene gobernando el municipio de Olinalá desde la década de los ochenta.
Apuntaló ese grupo priísta, el tres veces alcalde Víctor Apreza Salgado, presidente por primera vez en el periodo 1981-1983, y desde cuando las familias Apreza, Patrón, Salgado y Sánchez, se vinieron alternando la presidencia municipal, hasta que el PRI perdió la gubernatura con Zeferino Torreblanca Galindo en 2005. Sin embargo, el grupo olinalteco volvió a recuperar la presidencia en el periodo 2012-2015.
Víctor Apreza Salgado fue asesinado de ocho puñaladas en julio del 2006 en un lote baldío de su propiedad en Chilapa. “El lugar era utilizado por la víctima para guardar vehículos, y al parecer el móvil del asesinato fue el robo”, contaron así la historia, entonces, los medios de comunicación.
La cronología de presidentes municipales de Olinalá establece que después del periodo que encabezó Apreza Salgado de 1981 a 983, siguió precisamente Armando Patrón Jiménez (1984-1986); luego, Edilberto Jiménez Barreto (1987-1990), de quien no se tienen antecedentes si perteneció a este mismo grupo.
Pero al siguiente periodo (1990-1993) regresó Víctor Apreza Salgado, quien entregó la administración 1993-1996 al célebre Manuel Sánchez Rosendo, preso en el penal de Almoloya por el delito de delincuencia organizada en su modalidad de secuestro.
A Sánchez Rosendo lo detuvieron en 1994 junto con otras siete personas, entre ellas su chofer Isidro Lozano Díaz, acusados por el secuestro de un menor, hijo del médico Roberto Vargas Hernández, originario del municipio de Ayutla, y cuya liberación se negoció desde Olinalá.
Las crónicas periodísticas refieren que Lozano Díaz señaló en sus declaraciones que el exalcalde Sánchez Rosendo y coordinador en la región de la Montaña del entonces candidato del PRI a la gubernatura, Héctor Astudillo Flores, fue también el responsable intelectual del plagio del comerciante Eustorgio Salgado Venegas. Los mismos medios de comunicación difundieron que Víctor Apreza Salgado, alcalde cuando fue acusado Sánchez Rosendo, le brindaba protección desde la alcaldía.
Antes, al término del mandato de Sánchez Rosendo, en 1996, dejó la presidencia municipal al actual secretario de Finanzas y Administración del gobierno de Astudillo Flores, Héctor Apreza Patrón, quien estuvo al frente de la alcaldía de 1996 a 1999 y al concluir volvió a entregar la alcaldía a Sánchez Rosendo para el periodo 1999-2002, aun cuando los medios de comunicación ya comenzaban a publicar sus vínculos con la delincuencia organizada.
Manuel Sánchez Rosendo concluyó y entregó la alcaldía a Víctor Apreza Salgado, quien gobernó por tercera vez el municipio en el periodo 2002-2005.
Al perder la gubernatura el PRI en 2005, el grupo político de los Apreza, Patrón, Salgado y Sánchez, también perdieron la presidencia municipal pero mantuvo el poder caciquil y económico.
Del 2005 al 2008 gobernó el municipio Héctor Romero Ortega, y al terminar entregó a la perredista Luisa Ayala Mondragón, quien encabezó el periodo 2009-2012.
En el siguiente periodo regresaron los Apreza, Patrón, Salgado y Sánchez, con Eusebio González Rodríguez quien no terminó el trienio 2013-2015, al buscar la diputación local. Actualmente es el presidente de la Comisión de Hacienda, una de las más importantes en el Congreso local.
El periodo de Eusebio González lo terminó su síndico, el cuestionado Armando Patrón Jiménez, quien al concluir entregó la administración a Saúl Apreza Patrón hermano del secretario de Finanzas del Gobierno del estado, Héctor Apreza.
Contra este grupo de Patrón Jiménez se enfrentó la promotora de la CRAC Salgado García ese 15 de agosto del 2013, cuando se atrevió a detener el entonces síndico y exalcalde de Olinalá, a quien acusó de haberlo encontrado “borrando evidencias” del crimen de dos los ganaderos Nemesio Guevara García, y hijo Carmen Guevara Rodríguez.
Tras su detención, el síndico fue trasladado a la Casa de Justicia de El Paraíso, en Ayutla, de donde el 21 de agosto de ese mismo año fue rescatado por un aparatoso operativo de militares. Antes, otro operativo muchos más vistoso de soldados, marinos y policías federales habían detenido en Olinalá a la promotora de la CRAC, Nestora Salgado.
La promotora de la CRAC fue acusada por el delito de secuestro de Patrón Jiménez y de seis personas más; asimismo, en la averiguación previa ZAR/02/089/2013 es señalada del homicidio “material” de los ganaderos Nemesio Guevara García y Carmen Guevara Rodríguez.
En declaraciones a los medios de comunicación, Saira Rodríguez, hija de Nestora dijo que otro de los que acusa a su madre de secuestro es Eugenio Sánchez González, quien fue detenido en flagrancia por abigeato por la Policía Comunitaria de Olinalá, y que él es sobrino del exalcalde Manuel Sánchez Rosendo, sentenciado a 47 años de cárcel por el secuestro del familiar de Nestora Salgado, el comerciante Eustorgio Salgado.
Agregó que el hermano de Eugenio Sánchez, Adán Sánchez González, también está sujeto a proceso por secuestro en agravio de Eustorgio Salgado, ocurrido en 2001.
“Eugenio tiene todo un historial de su familia delictiva y ahora resulta que él fue secuestrado por mi madre”, expuso, y consideró que las acusaciones de secuestro contra su madre son una “venganza” porque su hermano y su tío están presos por el secuestro de un familiar de Nestora Salgado.
Con estos antecedentes resulta incomprensible que el sistema judicial haya reconsiderado reponer el procedimiento que se le sigue a Nestora Salgado, y que según el abogado Leonel Rivero se vaya a dictar el auto de libertad en contra de la líder comunitaria.
El conflicto y los agravios entre el grupo de los Apreza, Patrón, Salgado y Sánchez, con la familia de Nestora data de años, y resulta extraño que los primeros sucumban o pretendan dar marcha atrás ahora que se encuentran más fortalecidos con Héctor Apreza Patrón en la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado y con Eusebio González Rodríguez como diputado local y presidente de la poderosa Comisión de Hacienda.
Por lo pronto, el gobernador Héctor Astudillo Flores declaró el 27 de febrero en Acapulco que su gobierno será “muy respetuoso” de lo que resuelvan los tribunales.
“No vamos a impedir que los tribunales respondan conforme a derecho; ésa es mi posición y seré sumamente respetuoso de las resoluciones como gobernador y como abogado que soy”, dijo.
Es cuestión de días para comprobarlo. 