La traición y delación del secretario general de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación (CETEG), Ramos Reyes Guerrero, a sus bases y dirigentes es una historia que se repitió y ya se vislumbran graves consecuencias para el magisterio movilizado por la presentación de los 43 estudiantes de la Normal de Ayotzinapa.
En agosto del 2013, el ahora cuestionado y perseguido coordinador de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC), se deslindó, expulsó y delató a los “radicales” de esa agrupación, concretamente a la promotora de la Policía Comunitaria (PC) de Olinalá, Nestora Salgado García, y a los promotores de la misma agrupación de Tixtla, Gonzalo Molina González, y de Ayutla, Arturo Campos Herrera.
A raíz de esto se desató una feroz persecución del gobierno de Ángel Aguirre a los tres promotores y a sus seguidores. Desde hace más de un año, los tres dirigentes se encuentran presos en distintos penales de mediana y máxima seguridad del país. Los tres participaron activamente en el movimiento magisterial que se radicalizó de febrero a junio de ese 2013.
En agosto de ese año, los promotores de la CRAC-PC comenzaban a coordinar acciones como bloqueos de carreteras en la Montaña y zona Centro en contra de las reformas estructurales del presidente Peña Nieto, pero en una reunión en la subsecretaría de Gobernación el día 8 de ese mes, el negociador político de Peña Nieto y subsecretario de Gobernación, Luis Enrique Miranda Nava, le pidió a Villar Castillo que se deslindara de Nestora, Gonzalo y Arturo a cambio de diversos apoyos a la CRAC-PC que Villar recibió el 15 de agosto en Casa Guerrero.
El ahora cuestionado coordinador recibió ese día ocho millones de pesos de la Secretaría de Desarrollo Social federal para proyectos productivos y casi tres millones para becas para hijos de los policías comunitarios y para equipo de la misma agrupación comunitaria. Después ya no se supo si los recursos se utilizaron para ese fin y si tuvieron resultados.
Pero esa “negociación” sí tuvo sus resultados y consecuencias: el Ejército y la Marina dispusieron de un aparatoso dispositivo para detener el 21 de agosto a Nestora Salgado. Posteriormente, ya desmovilizada el ala “radical” de la CRAC-PC, la policía ministerial detuvo a Gonzalo y a Arturo.
Un procedimiento similar se está aplicando ahora con el grupo más “radical” de la CETEG que se ha solidarizado con las madres y padres de los 43 estudiantes desaparecidos y con la Normal de Ayotzinapa.
Versiones de los maestros que acusan de “traidor” a su dirigente Ramos Reyes, revelan que éste tuvo contacto con el subsecretario Miranda Nava después de la magna marcha de maestros de la CETEG y del SUSPEG el 10 de febrero en Acapulco, cuando bloquearon por más de 10 horas el aeropuerto internacional.
El encuentro del dirigente magisterial con el funcionario federal no habría sido precisamente una reunión de negociación de las demandas del magisterio, sino para tomar acuerdos para desmovilizar a los maestros de la CETEG cuando su movimiento se estaba viendo fortalecido con los profesores del SUSPEG que reclaman certidumbre laboral y salarial, pero que también apoyan la demanda de presentación de los 43 estudiantes de Ayotzinapa.
Los resultados del acuerdo al que habrían llegado el funcionario federal y Ramos Reyes se vieron el martes 17 de febrero. Ese día, el dirigente de la CETEG anunció que al día siguiente entregarían todos los vehículos de funcionarios y de dependencias de los gobiernos estatal y federal que fueron retenidos por la organización, debido a que se le acusa de haber robado las unidades, así como para evitar conflictos a los cetegistas que participaron en la toma de las unidades.
Y, luego, Reyes Guerrero informó que otro de los acuerdos de la asamblea seccional (a la que había asistido solamente un reducido número de maestros que pertenecen a su grupo) fue la liberación de las delegaciones regionales de servicios educativos que fueron cerradas.
Además, dijo: “Ya no vamos a permitir que alguien se le ocurra tomar carros de funcionarios, porque ya los vecinos de Chilpancingo empiezan a alejarse del movimiento”.
También, advirtió: “A partir de hoy en todas las actividades no se va a permitir la avanzada, a menos de que los secretarios de Organización de cada región lo determinen, pero sin cubrirse la cara, ni con el uso de ciertos materiales para destruir o agredir a personas”.
Mientras tanto, en un comunicado, con el encabezado de “¡Alerta compañeros trabajadores de la Educación Guerrero!”, el grupo de Ramos Reyes se deslindó de tres líderes de la CETEG, a quienes responsabilizaron de que en las últimas movilizaciones “han encabezado los actos violentos”, se menciona en el documento.
Con temeridad, en dicho comunicado se pone el dedo a Antonia Morales Vélez, Walter Emmanuel Añorve Rodríguez y Manuel Salvador Rosas Zúñiga, a quienes acusan de actuar “irresponsable” frente al motivo real de la movilización que mantienen, que es la presentación con vida de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa.
Después del deslinde y la acusación a los tres dirigentes “radicales” el gobierno arremetió con una intentona de reprimir al movimiento magisterial. El 18 de febrero, la policía estatal detuvo a tres integrantes del Frente Unido de Normales Públicas del Estado de Guerrero (FUNPEG), como para provocar y pulsar la reacción del magisterio ya dividido por Ramos Reyes.
Sin embargo, la respuesta fue contundente. El magisterio reaccionó con la retención de un ejecutivo y un empleado de la empresa Coca Cola, a quienes intercambió con cinco detenidos por la policía estatal: los tres normalistas y dos detenidos durante un enfrentamiento violento la tarde del mismo miércoles 18 de febrero.
Esta respuesta dejó malparado al dirigente de la CETEG ante los funcionarios federales con los que se comprometió a desmovilizar a sus bases.
Y es que de ocho regiones que integran la CETEG, cinco no han avalado los acuerdos de Ramos Reyes y, por el contrario, han decidido desconocerlo y mantener las acciones que han venido realizando como parte del movimiento por la presentación con vida de los 43 normalistas desaparecidos y ahora también por la certidumbre de las plazas y salarios del magisterio incluido el del SUSPEG.
Pero el riesgo de una salida represiva sigue latente y el gobierno federal podría hacer uso nuevamente de un aparatoso dispositivo de seguridad como el que utilizó contra Nestora, pero ahora para detener a Antonia Morales Vélez, Walter Emmanuel Añorve Rodríguez y Manuel Salvador Rosas Zúñiga, a quienes el grupo de Ramos Reyes les ha puesto el dedo y ha señalado como son los que encabezan al grupo “violento” de la CETEG.
La intención del gobierno federal, según versiones de algunos de los maestros, es descabezar el movimiento magisterial que es el sector más numeroso de la Asamblea Nacional Popular que reclama la presentación con vida de los 43 normalistas desaparecidos.
Ya lo hizo cooptando al secretario general Ramos Reyes y seguramente procederá con la criminalización de los dirigentes que no ceden a la negociación.
De la capacidad de respuesta de las bases dependerá que el acuerdo entre Ramos Reyes y la secretaría de Gobernación tenga éxito, como lo tuvo con la CRAC-PC. 