Si el candidato inicial del PRI a la presidencia municipal de Chilapa, Ulises Fabián Quiroz, no hubiera sido asesinado en plena campaña, Jesús Parra García no fuera ahora el presidente municipal electo de Chilapa.
Parra García nunca pensó que llegaría al cargo, le tiraba a una regiduría. La muerte de Ulises Fabián lo convirtió en abanderado y la crisis de inseguridad lo llevó al triunfo el 7 de junio.
Sin embargo, no se casó la lotería, lo que se encontrará a partir de octubre será un Chilapa sumido en el terror: 101 actos de violencia en 2014 (entre muertes, desapariciones y descuartizados) y más de 60 personas desaparecidas en los últimos meses.
Aún hay algo peor. La estela de violencia parece que no terminará pronto: el municipio continua sometido a los designios de los narcotraficantes.
El gobierno que encabezará Parra García no tendrá muchas posibilidades. De inicio la prioridad será apaciguar el municipio que se encuentra en medio de la disputa entre los grupos del crimen organizado, Los Rojos y Los Ardillos, por el control del territorio.
Las alternativas tampoco son muchas: negociar, combatirlos o ignorar el asunto.
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En la crisis de violencia que vive Chilapa hay dos grupos que se han ido entrecruzado todo el tiempo: los que encabezan los narcotraficantes y los políticos.
En Chilapa desde hace cuatro elecciones la disputa política se centra exclusivamente en dos partidos: el PRI y el PRD. Mientras pasan los años, la competencia se volvió más cerrada. La pasada elección, la de 2012, la diferencia fue apenas de 259 votos. El tricolor obtuvo 21 mil 348 votos, mientras que la coalición que encabezó el sol azteca logró 21 mil 089.
Sin embargo, en esta elección, la diferencia entre ambos partidos fue amplia. La variación del resultado se cimentó en la violencia. Por un lado, el PRI optó por utilizar la imagen del candidato caído como estandarte de campaña: Parra García en casi todos su discurso dijo que el trabajo que realizaba era por motivación de Fabián Quiroz. “Va por ti, Ulises”, repitió durante la campaña.
Incluso, los anuncios con el rostro de Fabián Quiroz nunca fueron retirados, se mantuvieron como si aún fuera el candidato. El PRI hizo campaña con un muerto.
Y por el otro lado, después de la incursión de los civiles armados, en la ciudad quedó al impresión de que estaban relacionados con Los Ardillos y con el PRD.
“Es mejor que no gane el PRD, porque si no van entrar definitivamente Los Ardillos”, decían muchos de los posibles votantes.
Pero con las denuncias y acusaciones públicas, bien se podría ubicar a los grupos del crimen organizado que disputan el control de Chilapa en el mapa político.
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El grupo de Los Ardillos tiene como feudo la comunidad de Tlanicuilulco, municipio de Quechultenango. Lo fundó Celso Ortega Rosas, La Ardilla. Celso era padre de Bernardo Ortega Jiménez, el presidente el Congreso de Guerrero.
El fundador de Los Ardillos fue asesinado el 26 de enero de 2011, y el control del grupo recayó en sus hijos Celso y Antonio. Antes, el 22 de diciembre de 2008, fue detenido por los delitos de secuestro y homicidio.
Las posiciones que en este momento guardan los hijos de La Ardilla, unos como presuntos líderes del grupo delictivo y, el otro, en lo más alto de la política estatal, hace más evidente la hipótesis que en Guerrero la liga entre la política y el narco es muy estrecha.
Desde antes de que se desatara la guerra por el control de Chilapa, Bernardo Ortega ya se le acusaba de utilizar su cargo para gestionar protección para sus hermanos.
En este proceso electoral, Ortega Jiménez aspiraba a convertirse en candidato del PRD a diputado federal por el distrito 07, pero la dirigencia nacional lo paró en seco.
El caso de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa en Iguala el 26 de septiembre del año pasado por policías municipales, estaba en su mayor exposición mediática en el momento de las definiciones. La sombra de José Luis Abarca Velázquez, quien llegó a la alcaldía de Iguala por el PRD, no se difuminaba. Abarca era acusado por la PGR de haber ordenado la desaparición de los estudiantes. La tragedia ya había escalado a nivel internacional.
Si bien a Ortega Jiménez no se le relacionó con el caso Ayotzinapa, pese a ser integrante de la corriente Nueva Izquierda, que gestionó la candidatura a Abarca, motivos similares provocaron su veto: ser el protector del grupo delictivo que encabezan sus hermanos.
Ortega Jiménez lo negó ante su partido. Consideró injusta la medida y dijo que él no era responsable de las actividades de sus hermanos. Al PRD no le importó.
“está cabrón esto, necesita uno ser gusano para que puedas ser tomado en cuenta, lastima de mi partido PRD, compañer@s esto no termina aquí vamos pa delante, habrá más oportunidades, éxito para el 2015 candidat@s (sic)”, escribió Ortega Jiménez en su cuenta de Facebook ante la decisión del PRD.
Pero en cuanto la disputa entre Los Rojos y Los Ardillos se profundizó en Chilapa, los señalamientos se intensificaron en contra del perredista. Uno de los señalamientos más directos los ha hecho José Díaz Navarro, hermano de Hugo y Alejandrino, desaparecidos el 26 de noviembre en la comunidad de El Jagüey. Díaz Navarro acusa de la desaparición de sus hermanos a Los Ardillos y de toda violencia que hay en Chilapa.
Durante este tiempo, Díaz Navarro ha dicho que el perredista desde el Congreso local protege a sus hermanos.
En conferencia de prensa al finalizar una reunión de los familiares de las 16 personas desaparecidas durante la irrupción de los civiles armados, con el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Roberto Campa Cifrián, y el comisionado general de la Policía Federal, Enrique Galindo Ceballos, Díaz Navarro dijo que la crisis de Chilapa no se resuelve porque Los Ardillos reciben protección política.
“Nosotros creemos que por eso no avanzan las investigaciones; vemos que hay protección a los comisarios de El Jagüey, Xiloxuchicán, San Pedro, San Ángel, Ayahualulco. Incluso se sienten muy prepotentes, siguen amenazando con venir a sitiar a Chilapa, traer a mil hombres… manejan hasta cinco mil hombres; se sienten muy protegidos, muy bien armados. Entonces hay un apoyo político, directamente del Congreso”.
Díaz Navarro en repetidas ocasiones ha solicitado la renuncia de Ortega Jiménez para que sea investigado por la presunta protección que le da a sus hermanos. 