El gobernador Rogelio Ortega Martínez y sus equipos jurídico y político, engañaron a los dirigentes de las organizaciones sociales que reclaman la libertad de los presos políticos.
Urgido de legitimidad ante el movimiento social, Ortega envió una propuesta de ley de amnistía al Congreso pero sólo para beneficiar a un reducido número de presos, entre los que no están los más reclamados.
En opinión del dirigente del Frente de Organizaciones Democráticas del Estado de Guerrero (FODEG), Bertoldo Martínez Cruz, y del secretario técnico de la Red de Organismos Civiles de Derechos Humanos, Manuel Olivares Hernández, la propuesta de ley de amnistía que pretende el gobernador que apruebe el Congreso, no cumple las expectativas por dos razones: está diseñada para beneficiar sólo a los detenidos del 2011 al 2015, es decir, durante la administración que comenzó Ángel Aguirre Rivero y que está terminando Ortega Martínez; asimismo, no serán considerados los que tengan procesos por delitos federales, o acusados por delitos graves.
La necesidad de una ley de amnistía se concibió por el actual gobierno de Ortega Martínez debido a la exigencia de organismos civiles de derechos humanos y organizaciones sociales para liberar, prioritariamente, a los presos de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC), Nestora Salgado, Gonzalo Molina, Arturo Campos, Bernardino García, Eleuterio García Carmen, Abad Francisco Ambrosio, Florentino García Castro, Benito Morales Bustos, Ángel García García y Samuel García Gálvez, así como el dirigente del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la Parota (CECOP), Marco Antonio Suástegui.
Sin embargo, organismos como el FODEG y la Red Guerrerense de Organismos Civiles de Derechos Humanos, también propusieron que se incluyera a los presos por motivos políticos, que están, en algunos casos desde hace 20 años.
Sin embargo, el gobierno de Ortega Martínez atendió las opiniones y propuestas sólo de las organizaciones que participan en el Frente Popular para el Desarrollo del Estado de Guerrero, en el marco del dialogo que sostiene en la Séptima Mesa Gobernanza y Democracia Participativa.
Incluso, los dirigentes de las organizaciones que integran este Frente son los que vienen presionando al Ejecutivo estatal y al Legislativo para que se acelere el trámite para su aprobación en los términos en que fue enviada la propuesta.
Pero en opinión de Bertoldo Martínez Cruz, una ley de amnistía en esas condiciones no servirá de mucho y denunció que el gobernador Ortega Martínez desdeñó una propuesta que le presentó otro frente de organizaciones sociales, en el que está el FODEG, que es más integral.
El dirigente del FODEG, informó que los dirigentes de las organizaciones que integran el Movimiento Popular Guerrerense (MPG) se reunieron con el gobernador y acordaron la integraron de una comisión que elaboró un texto en el que fundamentaron que la Ley de amnistía debería ser para liberar a todos los presos políticos.
Pero agregó que el texto que envía el gobernador Rogelio Ortega no tiene nada del elaboraron, a pesar de que, aseguró, fue un acuerdo que tuvieron con él.
El dirigente social explicó que el texto que envió el Ejecutivo al Congreso es solamente para beneficiar a los detenidos en el gobierno de Ángel Aguirre Rivero, es decir a partir del 2011.
“Entonces, los presos de otros tiempos no saldrían, por lo tanto yo no le veo sentido que se apruebe una Ley de Amnistía con estas características porque los presos que han sufrido más porque ya tienen más tiempo no serán beneficiados”.
El dirigente del FODEG se pronunció por una ley más integral, que incluya a todos los presos por motivos políticos. Dijo: “Porque luego el gobierno se preocupa por los que están de moda, como ahorita los 25 del FPR (Frente Popular Revolucionario de Oaxaca) del 7 de junio, pero al rato se van a olvidar hasta de los de la CRAC, como hoy lo están haciendo de los otros anteriores al gobierno de Aguirre”.
Aseguró que en la reunión con el gobernador Ortega (no recordó la fecha), acordaron que se iban a incluir los presos que fueron detenidos desde 1996 y mencionó que uno de los que tienen más tiempo encarcelados es Tomás de Jesús Barranco, actualmente preso en el penal de Chilapa, acusado por terrorismo, homicidio y daños, a quien el gobierno acusa de pertenecer al Ejército Popular Revolucionario (EPR).
Insistió en que el gobernador envió finalmente otra propuesta de Ley, y dijo: “Y yo no veo la necesidad de que se apruebe, y los que están pidiendo que se apruebe es porque no la conocen”.
Martínez Cruz dijo que la propuesta no cumple con las expectativas que se formaron los dirigentes de las organizaciones sociales que han venido trabajando en el caso de los presos políticos.
Se quejó: “Definitivamente es una ley muy acotadita, y yo veo que con ella se pretende beneficiar solamente a los de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias, pero no a todos los demás presos políticos que reclaman las organizaciones sociales; y esto no va a destrabar el movimiento”.
Manuel Olivares Hernández declaró que, en su caso, no conoce la propuesta de ley de amnistía que envió el Ejecutivo al Congreso local, pero que supone que se trata de una “trampa”, para que el gobierno se deslinde de los presos políticos “argumentando que él ya mandó la iniciativa, aunque no se resuelva de fondo el problema, pues no se beneficiará más que a un reducido número de presos”.
Explicó que aunque no conoce el contenido de la iniciativa, sabe que no se beneficiaría a todos los presos políticos con esa Ley y que tampoco se incluiría a quienes están acusados por delitos graves como secuestro agravado o portación de arma de fuego.
“Por eso nosotros no abrigamos muchas esperanzas de que se beneficie a todos, más bien la vemos como una justificación del Gobierno y eso puede ser delicado porque significa una trampa”.
Explicó que con esa iniciativa el gobernador Ortega Martínez se puede justificar diciendo “yo ya mandé la iniciativa”, aunque en caso de que se apruebe no resuelva el problema de fondo, porque no se beneficiaría a todos los presos”.
Al no incluirse a los presos acusados por delitos graves o del fuero federal podrían no ser beneficiados, incluso algunos presos de la CRAC como Nestora Salgado García y Arturo Campos Herrera, acusados por secuestro agravado, así como Gonzalo Molina González y Samuel Ramírez Gálvez, acusados por delitos federales por portación de arma y cuyos expedientes están en el Juzgado primero y séptimo de Distrito con sede en ésta capital.
En estas condiciones para algunos dirigentes como Martínez Cruz y Olivares Hernández, no se sabe para quién lleva dedicatoria la propuesta de ley de amnistía de Ortega Martínez, pues están seguros que no es para beneficiar a los presos políticos de quienes han venido reclamando su libertad hace años y tampoco para todos los presos de la CRAC. 