Los lamentables hechos de hace un año en la ciudad de Iguala la noche del 26 y la madrugada del 27 del pasado septiembre, es un grave conflicto del gobierno de Enrique Peña Nieto y los padres de los 43 estudiantes normalistas desaparecidos y que, hasta hoy, siguen sin encontrarse.

Las investigaciones de la Procuraduría General de la República repitieron lo que ha sido una práctica común, constante y consuetudinaria de crear condiciones laberínticas con el propósito de no resolver el problema y dejarlo, por tanto, al olvido y cansancio de los deudos por el desaliento y la desesperanza, la consecuencia de no ser oídos por las autoridades responsables.

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